Tras una marcha de indígenas de cinco ayllus potosinos en Uncía, sus representantes reconocieron ayer, en un cabildo, haber matado a cuatro policías que fueron tomados de rehenes el domingo. Declararon al lugar «zona roja» y decidieron impedir el ingreso de policías y fiscales.
Durante el masivo encuentro en la plaza principal de Uncía (la 6 de Agosto), los indígenas aseguraron haber colgado a los cuatro policías que trabajaban para la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) del departamento de Oruro.
En el acto, declararon a Uncía zona libre para el tránsito y comercialización de vehículos y productos del contrabando. Además, anunciaron que ante cualquier acto delictivo, las autoridades indígenas tomarán decisiones.
El personal policial de la zona se replegó la mañana de ayer a Llallagua por seguridad.
Hace al menos dos semanas las autoridades del Ministerio Público no pueden ingresar al lugar luego de conocer otros hechos delictivos.
Uno de ellos es el asesinato de tres integrantes de una familia: padre, madre e hijo, quienes al parecer murieron a manos de los mismos comunarios por un conflicto de tierras. A la fecha no se conoce sobre el destino de los tres cadáveres y tampoco se inició una investigación del caso.
Luego de tomar de rehenes a los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni, en Saca Saca, ningún jefe policial ni autoridad del Ministerio Público tuvo acceso al lugar hasta ayer, a pesar de las gestiones que hizo incluso el Gobierno.
«Hermanos, no hemos matado policías, hemos hecho morir a ladrones disfrazados de policías», dijo uno de los líderes indígenas en el cabildo, según un reporte del periodista Juan Carlos Enrique de radio Pío XII. El director de la radio Uncía, Freddy San Miguel, informó a La Razón que se confirmó el deceso de los uniformados y que los comunarios de los ayllus los enterraron.
«Con cierto hermetismo, ellos lo confirmaron. Incluso señalaron que no se trata de los policías», afirmó San Miguel y añadió que la gente contaba el hecho en tono burlesco. La Policía informó que los efectivos no se reportaron con su unidad desde el domingo 23 de mayo.
En el cabildo, al menos 1.500 personas de los ayllus Karachas, Aymayas, Laymes, Urakas y Jukumanis decidieron no entregar los cuerpos de los uniformados mientras la Policía no les devuelva vehículos que habrían sido robados y hasta que no se esclarezca la muerte de varios de sus coterráneos, supuestamente, a manos de los uniformados.
Una de las autoridades indígenas hizo un recuento sobre las constantes pérdidas y el robo de vehículos de los que fueron víctimas desde el 2006. «Estamos conscientes de que desaparecieron estas cuatro personas, pero es por algo», dijo uno de los campesinos en el encuentro en Uncía.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, informó que datos extraoficiales indican que dos de los cadáveres habrían sido enterrados en Cala Cala, uno en Saca Saca y el último en Ingachi.
Mientras, los comunarios determinaron que si no se cumplen las condiciones citadas no se dará información sobre el lugar donde fueron enterrados los cadáveres. Manifestaron su molestia sobre el accionar de la Policía, porque en el tramo Uncía-Challapata, por donde circulan vehículos ‘chutos’, los efectivos les pedirían dinero. «Hablaron de 200 hasta 2.000 dólares para que dejen pasar los coches», contó San Miguel en un contacto con La Razón.
El viceministro Vásquez informó que de manera oficial se conoce que los cuatro policías se habrían desplazado el domingo hasta Llallagua y Uncía para patrullar. «En el lugar habrían sido interceptados por los comunarios», manifestó la autoridad.
Anoche, uno de los dirigentes del lugar se contactó con el programa Que no Me Pierda (red Uno) y le contó que el director de la Policía de Llallagua habría enviado a los cuatro efectivos hasta Uncía. Asimismo, denunció que les robaron 4.500 bolivianos el fin de semana.
Ante las denuncias de supuesta extorsión, el viceministro Vásquez señaló que se tiene esa denuncia y que está en proceso de investigación por parte del Ministerio Público. «Los resultados darán las conclusiones sobre qué es lo que realmente estaban haciendo en el lugar», agregó.
Investigación. Vásquez adelantó que la Fiscalía llevará a cabo dos indagaciones. La primera referida a las acciones de los comunarios de los ayllus en contra de los cuatro policías, que terminaron con la vida de éstos; y la otra estará enfocada a averiguar las razones por las cuales los efectivos fueron hasta Uncía.
Entretanto, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, advirtió con sanciones severas a la gente que esté involucrada en la ejecución de los cuatro policías. «Vamos a esperar un informe oficial y objetivo para ver exactamente en qué condiciones ocurrieron esos crímenes», subrayó.
Aseveró que la aplicación de la ley será implacable para todos los involucrados, con más razón si hay «malos policías». Anunció que serán castigados «con doble rigor».
«Respecto a la institución de la Policía, éste es otro nivel. No es que se esté criticando y hostigando a la institucionalidad. Si hay policías malos, éstos serán castigados», sostuvo.
Brigada potosina indagará el caso
La brigada parlamentaria de Potosí informó que tiene planificado sesionar en esa ciudad para considerar, entre otros temas, la investigación de la muerte de los cuatro policías que fueron linchados en la localidad de Saca Saca, en el municipio potosino de Uncía.
«La brigada potosina irá a Potosí exclusivamente para investigar el caso de la desaparición de los policías», informó el diputado David Cortez, de Alianza Social. «Estamos convencidos de que la ley es para todos», sostuvo.
Casos de regiones sin ley en el país
Sabaya (Oruro)
El 21 de febrero del 2003, el teniente Samuel Encinas, del COA, fue asesinado por comunarios de Sabaya, una población que protege a los contrabandistas. Las autoridades no pudieron entrar al pueblo y, pese a detenciones, nunca se halló el cuerpo.
Pila Witu (Cochabamba)
El 16 de febrero del 2009, comunarios de Pila Witu, a 80 kilómetros de Cercado, detuvieron a un joven después de atribuirle el crimen de una de sus paisanas. La Policía salvó al sospechoso en un lago, pero no pudo ingresar al lugar.
Epizana (Cochabamba)
El 26 de febrero del 2008, tres policías fueron linchados por comunarios de Epizana, quienes los acusaron de extorsión y volteo. Una investigación verificó elementos de corrupción e inició procesos a dos jefes policiales, pero no se detuvo a los autores.
Matarani (Cochabamba)
El 20 de agosto del 2008, en la localidad de Matarani, en Sacabamba, una turba de 600 personas linchó y asesino a tres jóvenes, luego de que fueran sorprendidos robando un perol de cobre. La Policía tuvo que esperar cinco días para ingresar al lugar.
Achacachi (La Paz)
El 17 de noviembre del 2008, en Achacachi, se produjo el linchamiento de 11 personas, supuestos ladrones, con el resultado de dos muertos. Las autoridades del pueblo decretaron estado de sitio civil para prohibir el ingreso de la Policía y la Fiscalía y no hubo detenidos.
Caranavi (La Paz)
El 7 de mayo del 2010, tras un bloqueo de 12 días, la Policía intervino la ruta a Caranavi con el saldo de dos personas muertas y 20 heridos. Los comunarios quemaron las instalaciones de la Escuela Básica Policial y de la unidad policial de la ciudad.
