El Gobierno anunció ayer que se restablecerá el control en Uncía con la presencia de autoridades del Estado, mientras la Policía pidió a los familiares de los cuatro uniformados linchados en Saca Saca esperar hasta el lunes para recuperar los cuerpos de los mismos.
«Está claro que en la región donde se está dando este conflicto se va a restablecer más pronto que tarde la autoridad y el conjunto de las reglas del Estado», aseveró ayer el presidente en ejercicio del país, Álvaro García.
Los familiares de los policías Nelson Alcócer Casano, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni llegaron el jueves hasta La Paz para suplicarle al presidente Evo Morales que intermedie para recuperar los cuerpos de sus parientes de esa zona, donde supuestamente habrían sido enterrados por gente de los ayllus.
García aseguró que la tensa situación que se vive en Uncía, tras la negativa de los indígenas de devolver los cadáveres y la declaratoria de zona libre para el tránsito de contrabando, es temporal y «será resuelta mediante mecanismos pacíficos y legales con los que cuenta el Estado».
Entretanto, las autoridades policiales pidieron a los familiares de los efectivos esperar hasta el lunes a mediodía la devolución de los cuerpos.
El abogado de las familias, Johnny Castelú, informó que tras una reunión y haber llegado a un acuerdo, el Alto Mando Policial les pidió esperar hasta el lunes a mediodía la devolución de los cuerpos de los efectivos.
Sin embargo, «se acordó también que en caso de que no se tenga resultado alguno hasta el lunes, todos los familiares con sus hijos van a ingresar al lugar con todas las consecuencias que se tenga», sostuvo Castelú.
El comandante nacional de la Policía, general Óscar Nina, informó que se agotarán todos los esfuerzos que realiza una comisión conformada por el Órgano Ejecutivo y el Legislativo para dialogar con las autoridades originarias de cinco ayllus potosinos.
«Hemos comprometido un esfuerzo mancomunado para priorizar el rescate de los cuerpos. Hay un interés de las autoridades de Gobierno y del Legislativo para hacer las gestiones y luego recuperar los cuerpos», manifestó ayer el jefe policial.
Aclaró que la Policía no realizará ninguna acción en la zona del conflicto. «Estamos esperando que se agoten todas las instancias para no provocar un derramamiento de sangre o pérdidas humanas.
Luego de una marcha y un cabildo de al menos 1.500 indígenas, el miércoles, en la plaza principal de Uncía, se determinó declarar a esa región como «zona roja». El tránsito del contrabando y el narcotráfico tendría transitabilidad libre. Además, el personal policial se replegó a Llallagua para proteger su integridad física.
Al respecto, García aseguró que zona roja en el país no hay. «Sería un lugar donde no hay presencia de estructura, de justicia, de poder ni de conducción, y eso no existe».
Explicó que como en cualquier sociedad del mundo, desarrollada o no, hay lugares donde se presentan conflictos donde la autoridad coercitiva tiene problemas temporales para poder imponer su mandato. «Hay que darse cuenta de que éste es un hecho temporal y que será resuelto», añadió.
Investigación. En el encuentro entre familiares y la Policía, se acordó conformar un grupo conjunto que lleve adelante algunas gestiones, sin embargo por razones de seguridad el único que estará en permanente contacto con el Comandante de la Policía será el abogado de las familias.
Por su parte, el vicepresidente del Estado afirmó que se deben realizar dos investigaciones sobre el caso. La primera para identificar a los responsables de la ejecución de los policías y la segunda para esclarecer el motivo que los llevó a los uniformados que trabajaban en Oruro hasta Uncía.
Al respecto, el general Nina pidió que por ahora no se especule sobre la razón que motivó a los efectivos a ir a esa zona. «Vamos a buscar hasta el último rincón de la tierra a los responsables del hecho de barbarie y violencia extrema que quitó la vida a cuatro humildes servidores públicos que lo único que hacían era cumplir con su deber», aseveró el jefe policial.
Los familiares de los uniformados salieron del encuentro con el Comandante a las 11.30. «No estamos tranquilos con esta reunión, pero sólo nos queda esperar. Qué más podemos hacer», señaló una mujer mientras era conducida a otra oficina.
Más tarde se reunieron con el defensor del Pueblo, Rolando Villena. Tras la misma, la autoridad anunció que viajaría hasta Uncía para intentar convencer a los comunarios.
El domingo, los cuatro policías que trabajaban para la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) se trasladaron a Uncía. Un informe oficial indica que fueron a realizar patrullaje tras conocer denuncias de vehículos robados.
Desde ese día no aparecen. Los comunarios de los ayllus del lugar reconocieron haberlos matado. Señalaron que quitaron la vida a delincuentes disfrazados de policías.
Otras acciones a realizar
El fiscal general, Mario Uribe, instruyó al fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuentes, para que inicie una investigación del caso de oficio. Aseveró que su indagación corresponde a la Fiscalía.
El Comando General de la Policía atenderá a los familiares en la alimentación. Se decidió darles desayuno, almuerzo y cena mientras continúen en La Paz.
En la región hay tensa calma
La población de Uncía respira una tensa calma, luego del linchamiento de cuatro policías en la localidad de Saca Saca. El defensor del Pueblo de Llallagua no consiguió reunirse con las autoridades indígenas del lugar.
Los comunarios de cinco ayllus acatan las determinaciones del cabildo realizado el miércoles. No permiten el ingreso de ninguna autoridad policial ni del Ministerio Público. Asimismo, entre el jueves y ayer, los medios de comunicación que llegaron hasta el lugar fueron amenazados por los indígenas.
Fueron vanos los intentos del representante del defensor del Pueblo, René Arroyo, para tener un acercamiento con las autoridades originarias del lugar, pues éstas se ausentaron a la población de Macha, en la región.
La Federación de los Ayllus de Potosí pidió paciencia a la Defensoría.
«La mejor forma de ver aquello es tender puentes, mostrándonos como una institución que está presta para poder facilitar la entrega de los cuerpos de estas personas», aseveró ayer a Fides el representante del Defensor.
Hasta ayer, el único que pudo tener contacto con los indígenas fue Arroyo.
Por otra parte, el portavoz de la Diócesis de Potosí, Miguel Alvino, aseguró que se encuentran muy preocupados por lo que sucede en Uncía.
El sacerdote sugirió militarizar esa zona con la intención de pacificar la región, recuperar los cuerpos e iniciar una investigación que esclarezca las causas y los autores de la desaparición y linchamiento de los uniformados.
