– ¿Qué es la ABT?
– Es una institución que debiera precautelar los derechos de todos los bolivianos y al mismo tiempo es la convergencia de lo que eran las superintendencias Agraria y Forestal, porque sigue teniendo la misión de regular y otorgar derechos forestales. También debe definir la capacidad de uso de la tierra, además de ejercer el monitoreo y su control. Las superintendencias fueron creadas para la privatización de los recursos naturales y se olvidaron de la promoción del desarrollo forestal sostenible, no generaron capacidad para que los recursos naturales sean usados de forma sostenible.
– ¿Cuál el primer paso que va a dar para preservar lo forestal?
– Debemos hacer un diagnóstico para ver lo que ha sucedido en todos estos años en la entidad. El modelo de las superintendencias fue concebido para privatizar los recursos naturales en la lógica de gran empresa y no el aprovechamiento de los verdaderos usuarios tradicionales de los recursos naturales sobre el bosque como son las comunidades originarias; por ello, las concesiones forestales otorgadas por el Estado, que en este momento suman más o menos 3,5 millones de hectáreas, se redujeron de 20 millones.
– ¿Dónde estuvo la falla?
– Es que nunca se hicieron las auditorías forestales, no se verificó si los planes y manejos de derecho forestal se cumplieron y se están cumpliendo con la nueva normativa y su reglamento. Las concesiones forestales son tierra de nadie, nadie controla a los que se adjudicaron y el defecto fue los superintendentes creyeron que hicieron un buen trabajo.
– ¿Por qué cree que no se hizo buen sistema administrativo?
– Porque es increíble lo que hace la ABT, tenemos una actividad casi exclusivamente de gendarme porque todos los días se incauta un camión de madera ilegal en cualquiera de los puestos. La pregunta es qué pasa con lo que no se detiene o no se detecta. Cuánta madera saldrá por culpa de redes delictivas.
– Frente a eso, ¿qué va a hacer?
– Necesitamos que haya Estado para hacer un monitoreo efectivo de toda el área boscosa del país, de las concesiones forestales, de las propiedades privadas y áreas públicas. Vamos a implementar medidas en el mediano plazo, hacer auditorías porque queremos tener una idea cabal de lo que está pasando con los derechos que ha otorgado el Estado y si la realidad es como predisponemos, se van a revertir las concesiones o revocarlas para el Estado.
¿Podrá lograrlo sólo con su personal o acudirá a la Policía?
– El requerimiento nuestro es que debe haber una fuerza pública especializada en el tema. Por la experiencia que tenemos en el Viceministerio de Tierras no es fácil movilizar a la Policía; lo que queremos es crear una fuerza especializada y que tenga conocimiento de todos los instrumentos legales para actuar contra los avasalladores y traficantes de tierras.
– ¿En qué plazo se verá los primeros resultados?
– Estimo que en tres meses se tendrán las primeras evaluaciones de las inspecciones que se realicen y las auditorías iniciales, después vendrán las reversiones. También está la modificación de los mapas que nos indiquen cuáles son los usos de la tierra y su vocación en cada región.
