La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer el proyecto de resolución presentado por Bolivia para que el agua y el saneamiento sean declarados un derecho humano, informó el embajador de Bolivia ante ese organismo, Pablo Solón.
Solón agregó —según un reporte de la gubernamental ABI— que a partir de la decisión de la Asamblea, los estados miembros de la ONU deben asumir políticas para dotar de ambos servicios a las poblaciones que no los tengan.
Por su parte, la agencia EFE informó desde las Naciones Unidas que el embajador destacó que, al adoptar una resolución propuesta por su país, la Asamblea corregía «una injusticia» de años.
«Esto es evidentemente histórico, y a partir de hoy podremos decir en las Naciones Unidas que el agua y el saneamiento son derechos humanos», dijo el diplomático boliviano tras la reunión del órgano de las Naciones Unidas.
Solón sostuvo que con la decisión se aborda un asunto «esencial para la vida y que, por una serie de intereses particulares, no fue reconocido como derecho humano». «Era una suerte de injusticia con los derechos humanos que la educación, el trabajo y la seguridad social fueran reconocidos como derechos humanos, algunos desde 1948, y el agua, que es esencial para la vida, no lo fuera».
Destacó que la iniciativa boliviana recibiera el respaldo de 122 países, más de dos tercios de los presentes en la sala, y ningún voto en contra. Pero lamentó que 41 naciones se abstuvieran, lo que impidió que la medida fuera adoptada por unanimidad.
El presidente Evo Morales fue quien planteó la propuesta a la ONU y reflexionó al respecto en varios discursos pronunciados dentro y fuera del país. Para el embajador, la resolución «tiene grandes implicaciones», ya que hay «más personas que mueren por enfermedades relacionadas con el (consumo de) agua contaminada que por las guerras».
Por ello, consideró que la aprobación del texto representa «un fuerte empuje» a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Los países que se abstuvieron de votar, entre ellos EEUU, Suecia, Dinamarca, Japón y el Reino Unido, se quejaron de que los promotores del escrito rechazaron las modificaciones propuestas.
También consideraron que la resolución interfiere en los trabajos en esta materia de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y señalaron que carece de sustento jurídico suficiente.
El embajador afirmó que estas explicaciones «no son ciertas», ya que, según dijo, se atendieron todas las opiniones que no buscaban modificar el contenido fundamental del documento. «La propuesta que no atendimos es la que nos decía que no había que declarar el derecho al agua y al saneamiento como derecho».
