La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentó un informe sobre el conflicto ocurrido en Caranavi en el que responsabiliza a dos autoridades del Gobierno y a la Policía por las dos muertes, heridos y otros hechos.
En el operativo policial para desbloquear la carretera el 7 y 8 de mayo, según el documento, se vulneraron derechos como la vida y la seguridad. «Estos derechos fueron violados por instancias estatales y gubernamentales como los ministros de Gobierno, (Sacha Llorenti); ministro de la Presidencia, (Óscar Coca); y el comandante de la Policía (Óscar Nina)», se lee en una parte del informe presentado.
Asimismo, establece que se utilizó la fuerza para desbloquear el camino y «se desechó el diálogo que sí era posible de acuerdo con los múltiples testimonios. Se debió evitar el uso de la fuerza pública, lo que hubiera evitado la muerte de los jóvenes Mario Fidel Hernani y David Calizaya Mamani».
Los pobladores de Caranavi pedían al Gobierno que se ejecute la obra de una planta de cítricos, proyecto al que se habría comprometido el Ejecutivo. La demora originó que los comunarios realicen un bloqueo de la ruta hacia La Paz. La Policía llegó para habilitar la carretera.
Según la APDHB, se aplicó un plan policial represivo que violó derechos humanos. «Acción agravada porque fue desplegada contra la población de Caranavi, lo que muestra que los policías, tras el desbloqueo, no debieron ingresar a Caranavi».
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó ayer que si bien respeta el trabajo de la APDHB, hay que tomar en cuenta que hubo policías heridos de bala, que los pobladores destruyeron inmuebles policiales y que la acción de la entidad del orden fue para impedir un enfrentamiento entre civiles.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó un informe sobre el caso en el que libera de responsabilidad a Llorenti, Coca, Nina y otros más. La APDHB indica que el documento «es parcial y reduccionista; encubridor y francamente mentiroso».
El informe de la APDHB establece que no se halló indicios de la existencia de un grupo político armado que operó, como denunció el ministro Llorenti.
Familiares inician proceso
La defensa de los padres de los dos jóvenes que perdieron la vida en los hechos de Caranavi presentó ayer en La Paz una querella criminal contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por el presunto delito de asesinato.
El abogado Jorge Quiroga dijo que la querella también es en contra del ahora ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico; el comandante general de la Policía, Óscar Nina, y otros que actuaron entre el 7 y 8 de mayo. «Vinimos a presentar una querella criminal en contra de las autoridades (mencionadas), que a criterio de los padres de los dos fallecidos resultan ser los responsables de estas muertes», dijo.
El jurista agregó que la denuncia se basa esencialmente en pruebas testificales de gente de Caranavi. La querella fue instaurada por Juan Calisaya, padre de David Calisaya, y Mario Hernani, padre de Fidel Mario Hernani Jiménez, jóvenes que fallecieron en el desbloqueo de la carretera Caranavi-La Paz. En julio, Jaime Navarro, de UN, presentó otra querella en Sucre.
