El Defensor del Pueblo presentó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados el informe final sobre los hechos luctuosos de Caranavi en mayo, que confirman que la Policía utilizó armas de fuego y cometió excesos para reprimir el bloqueo.
El defensor, Rolando Villena, a tiempo de presentar las conclusiones señaló que la investigación de los hechos en Caranavi entre el 7 y 8 de mayo del 2010 que derivaron en un bloqueo en demanda de la instalación de una planta procesadora de cítricos y otras reivindicaciones locales, fue realizada con imparcialidad.
El informe ratifica que «las acciones de la Policía durante el desbloqueo e intervención en Caranavi produjeron en varios ciudadanos policontusiones, heridas por proyectil de arma de fuego, traumatismos encéfalo craneales».
Además «(…) En el caso de las dos víctimas fatales como consecuencia del desbloqueo de la carretera La Paz-Caranavi, David Calizaya M. y Fidel M. Hernany J., se estableció como causal de la muerte disparos con proyectil de arma de fuego de acuerdo al informe forense».
También se revela que las acciones de la Policía «vulneraron la dignidad de las personas, con aprehensiones indiscriminadas, uso excesivo y desproporcional de la fuerza, inti- midaciones,trato inhumano y degradante de los detenidos, ingreso arbitrario y sin autorización a domicilios y uso excesivo de gases lacrimógenos».
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunció el lunes que mujeres y niños sufrieron vejámenes y habrían sido obligados a realizar actos obscenos.
Según el Defensor, el Estado tiene la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones arbitrarias del derecho a la vida y el deber de impedir que sus agentes atenten contra éste. Villena dijo que el informe contiene elementos de importancia para que la Fiscalía amplíe la investigación o en su defecto haga otra.
El informe recomienda a la Fiscalía de Distrito asumir las medidas conducentes a esclarecer las circunstancias de la muerte de las dos personas y heridos, e identificar a los autores intelectuales y materiales. Además, pide a los ministerios de Gobierno y la Presidencia, en coordinación con la Policía, establecer un sistema de alerta temprana para la gestión de conflictos.
