El Gobierno pidió ayer a la Contraloría abrir otra investigación contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por violar dos normas y ganar más que el Presidente del Estado, mientras la Alcaldía denunció que agentes encubiertos de Inteligencia del Ejército suplantaron a tres guardias ediles.
El director de Gobernabilidad del municipio, Pedro Susz, manifestó su temor de que «exista un plan político, una conspiración en marcha para desestabilizar al Gobierno Municipal». El detonante fue el arresto, el martes pasado, y posterior liberación, de tres agentes encubiertos de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército (EMIE) que se hacían pasar por guardias y funcionarios municipales.
Uno vestía un uniforme de la Guardia Municipal, otro un chaleco amarillo de la Alcaldía y el tercero, una chamarra también del Gobierno Municipal. Portaban un maletín con notificaciones, boletas de decomiso, stickers de infracción y carnets falsos, y fueron sorprendidos cuando intentaban extorsionar a comerciantes en el pasaje comercial Marina Núñez del Prado.
El trío fue detenido y la Alcaldía sentó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En la FELCC se hicieron presentes jefes militares de la EMIE que explicaron que esas tres personas (un mayor y dos tenientes) eran miembros de esta institución y que estaban desarrollando un ejercicio. El Comandante de la Escuela Militar del Ejército y abogados del Ministerio de Defensa, explicó Susz, mantuvieron una larga conversación a solas con la fiscal asignada al caso, Tania Alfaro.
La Fiscal dispuso que los tres agentes encubiertos queden detenidos. El miércoles fueron conducidos a celdas de la Policía Judicial para ser presentados ante el juez. Pero desapareció el Mayor y sólo quedaron dos tenientes. Alfaro dispuso la imputación y los liberó.
¿Por qué tres oficiales de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército se hicieron pasar por guardias municipales portando documentos falsos y vistiendo de manera irregular e ilegal uniformes, entre ellos chamarras y chalecos del Gobierno Municipal?, inquirió la autoridad.
En su descargo, el Ministerio de Defensa envió un corto comunicado que a la letra dice: «De ninguna manera se constituye en una conspiración o infiltración en contra de la Alcaldía de La Paz y de ninguna otra institución pública ni privada» y niega presión para liberarlos. A su vez, la Fiscal dijo que hay desinformación en la Alcaldía, que actuó conforme a ley y que el Mayor fue liberado porque no se probó que usara uniforme edil.
En el otro flanco del conflicto, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, informó que envió una nota a la Contraloría General del Estado (CGE) para que investigue a Revilla por ganar más que Evo Morales y violar presuntamente dos normas: la ley financiera y el decreto de austeridad.
Según explicó, los gastos de representación —si bien son legales y cuentan con el respaldo de la Ley de Municipalidades 2028— son considerados por la Ley Financial (desde 2008) como un ingreso adicional. El Alcalde de La Paz tiene un salario de Bs 14.900 y gastos de representación por Bs 4.000, lo que hacen, dijo, un total de Bs 18.900. Este argumento fue rebatido por Revilla. El Presupuesto General del Estado (PGE) del 2008, en su artículo tercero, establece que: «Ningún servidor público (…) podrá tener una remuneración mensual percibida, superior o igual a la establecida para el Presidente, independientemente de la fuente de financiamiento y del grupo de gasto».
Revilla fue denunciado por la Contraloría a la Fiscalía por presentar, supuestamente, un documento fraguado, no entregar los descargos documentales de los gastos de representación de las gestiones 2006 al 2009, cuando presidía en Concejo, suma que asciende a Bs 156 mil. A este hecho se suma una dura arremetida del vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que hay delincuentes en la Alcaldía y anticipó un informe negativo de la Contraloría por los puentes Trillizos.
Ordenan el repliegue de Rodríguez
Por segunda vez, el Comando Departamental de la Policía pidió el repliegue del comandante de la Guardia edil, mayor Rodrigo Rodríguez. El oficial de la Policía, que trabaja en la Alcaldía desde hace 5 años, detuvo a los militares encubiertos y los llevó a la FELCC.
Contraloría
J. Gutiérrez
«Somos una entidad técnica»
«La Contraloría es una entidad técnica de fiscalización y vamos a mantener la línea con bastante responsabilidad, objetividad. Nosotros no podríamos realizar ninguna afirmación y menos críticas porque nos mantenemos al margen de cualquier otra situación política», dijo el gerente departamental de La Paz, Jaime Gutiérrez, en referencia a las declaraciones del vicepresidente Álvaro García sobre los puentes Trillizos.
La Contraloría justifica la demanda
La Contraloría aclaró ayer que hace «un relevamiento de información» en la Alcaldía, lo que es distinto a una auditoría. Por tal razón, asegura que no procede la aplicación de la sentencia constitucional, que le inhibe de enviar el caso a la Fiscalía sin haber recibido los descargos del investigado.
El gerente departamental de la Contraloría de La Paz, Jaime Gutiérrez, explicó que un relevamiento de información es una recopilación de documentos para una evaluación preliminar.
«Si se encuentran elementos que dan indicios de responsabilidad penal, son remitidos al Ministerio Público», precisó en referencia a la denuncia planteada el martes contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la comisión de cuatro delitos.
Este procedimiento, según él, se ampara en la Ley Safco que define que cuando un servidor público o auditor conoce indicios de responsabilidad civil o penal, debe ponerlos en conocimiento de una autoridad competente, en este caso del Ministerio Público.
En respuesta, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Pedro Susz, informó que «la Contraloría, en las últimas semanas, nos estuvo acosando con estos relevamientos de información, que es una figura para intentar demostrar que no están haciendo auditorías. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo o quizá sea peor. Se está haciendo una denuncia penal por un simple relevamiento de información y no una auditoría».
La Contraloría General investiga al momento tres obras municipales: los puentes Trillizos, la Vía Balcón y Kupini II, uno de los Barrios de Verdad.
