Gabriel Pinto Tola, asambleísta del MAS por La Paz, sentenciado por el linchamiento del ex alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, se atrincheró en Collana para no ser notificado con la orden de aprehensión. Los pobladores amenazan a la Policía.
Desde la anterior semana, los efectivos policiales buscan a los ocho sentenciados a 30 años de prisión para entregarles las notificaciones de detención preventiva, mientras el fallo judicial no sea ejecutoriado.
Bajo esa condición, Pinto Tola permanece en la hacienda de Collana, lugar ocupado por al menos 300 familias del Movimiento Sin Tierra, y desde donde los pobladores amenazan a los policías si intentan ingresar a notificarle, según denunció el hijo del ex alcalde, Edwin Altamirano. Versión confirmada por la fuerza pública.
Algo similar ocurre en Ayo Ayo. Un jefe policial de la tranca de Achica Arriba, al salir de La Paz, contó a La Razón que el martes la familia del ex alcalde fue hasta esa localidad y pidió el apoyo de la Policía. «Tenemos que cumplir la seguridad de las personas, los acompañamos, pero la gente se puso violenta, al ver el carro policial lanzaron piedras y dijeron que no nos acerquemos porque tomarán otras acciones», contó el oficial que prefirió el anonimato.
«Hay que tomar los recaudos, no arriesgar la vida», agregó. El director de la fuerza anticrimen de La Paz, coronel Rosalío Álvarez, señaló que se debe esperar una orden de aprehensión para intentar ingresar.
Después de seis años de proceso, ocho personas fueron condenadas a 30 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato del ex alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano. Otros seis implicados recibieron entre dos a 20 años de privación de libertad. La sentencia fue leída el 11 de agosto por la jueza Nancy Bustillos, del Tribunal 5º de Sentencia.
La magistrada explicó ayer que el último informe que recibió señala que los ocho acusados ya fueron notificados. «Desde que recibieron el documento tienen 15 días para emitir sus apelaciones», afirmó.
Sobre Pinto, manifestó que va dos veces por semana al juzgado a firmar el libro de registro. Señaló que lo vio una vez y que no pudo detenerlo porque la familia Altamirano tenía las notificaciones.
‘Los ocho se esconden en Collana’
Edwin, el hijo del ex alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, denunció que los ocho sentenciados por el asesinato de su padre se esconden en Collana, en una hacienda altiplánica avasallada por los Sin Tierra. «Hay dos vehículos que todos los días los van a dejar a la hacienda Collana y al terminar el día los trasladan a Ayo Ayo», contó ayer Edwin Altamirano a La Razón.
Uno de los motorizados es un jeep de color guindo que pertenece al asambleísta por La Paz, Gabriel Pinto Tola, según contó Altamirano. Explicó que los acusados se quedan todo el día en Collana escondidos. «No salen si no es en esos vehículos y están bien resguardados por los pobladores hasta que llegan a Ayo Ayo».
El hijo del ex alcalde señaló que su familia está pendiente de todas las acciones que lleva adelante la Policía. «Nosotros vamos junto a ellos a entregarles las notificaciones hasta los lugares donde ellos viven. No queremos que pase más tiempo porque queremos que se haga justicia por el crimen de mi padre», aseveró.
Abogado y fiscal
Alaín de Canedo
‘Pueden emitir apelaciones restringidas’
«Los han sentenciado, pero existe la posibilidad de que presenten o hayan presentado un recurso de apelación restringida. Es decir, que mientras se resuelva la apelación no se puede ejecutoriar la sentencia. Si los acusados no presentaron estas apelaciones y el caso no tiene ni recusaciones ni otro tipo recursos contra el juez respectivo, ni tampoco otras figuras legales, la sentencia debe ser ejecutoriada y deben ser detenidos. No habría razón para que no se los condene si la lectura de la sentencia fue hace un mes».
Marcos Vidal
‘Deben emitir la notificación por edicto’
«Si es que actualmente hay amenazas de pobladores, lo que deben hacer los policías es extender un documento al juez explicándole la situación y solicitándole que se emita las notificaciones por edictos que los pueden publicar en cualquier medio de comunicación y también pueden colocarlos en las plazas de esas poblaciones o en otros lugares públicos. Los acusados tienen 10 días para hacerse presentes, de lo contrario ya se dan por notificados y se puede declarar su rebeldía y en esa condición se debe cumplir la sentencia o la detención preventiva».
