La Comisión de Justicia Plural decidió separar el tema de la castración química para los violadores del proyecto de Ley de Reformas al Código de Procedimiento Penal para la protección de los menores. La norma fue aprobada ayer en Diputados.
El diputado de Convergencia Nacional, Tomás Monasterios, dijo que se buscan parámetros claros a través de otro proyecto de ley que no se refiera sólo a la castración, sino a cómo, «para desnudar esta problemática social».
El asambleísta señaló que elaborará dicho proyecto para tenerlo listo hasta la próxima semana a fin de que ingrese a su tratamiento en las comisiones correspondientes.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, rechazó la posibilidad de sancionar con la castración química a quienes son autores de delitos de violación en contra de niños, niñas y adolescentes. Más bien recomienda el endurecimiento de penas.
«No vaya a ser que aplicando esta medida estemos creando delincuentes en potencia en el futuro. Es un tema delicado y tiene que ser discutido. No es la mejor salida. Dependerá de cómo se diseñe la norma hacia el futuro; imagínense ¿cómo se comportará esa persona?», dijo el fiscal.
Emiliana Aiza, jefe de la bancada del MAS, afirmó que se «está hablando de seres humanos y no de animales; no podemos aceptarlo (el pedido) como bancada del MAS. Solicitamos traer el aporte escrito. Hay que ver a través de justicia y salud».
Para el asambleísta Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo, el análisis se postergará. «No hay elementos suficientes para determinar el alcance del impacto médico, clínico y conocimiento de este tema. No sabemos si es contundente y si es reversible. No es una simple inyección, lo veremos en una ley especial si es que corresponde encararla», explicó.
En cuanto al tratamiento de la Ley de Reformas al Código Penal, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en grande y detalle y su tratamiento pasó al Senado, que deberá iniciar su análisis. En la decisión más importante se definió que la pena máxima para la violación de un menor será de 30 años sin derecho a indulto, informó la diputada Aiza.
«Fue un debate intenso, pero al final se impuso la cordura en cuanto a la pena que deben recibir los violadores de niñas y niños. Se requiere que la justicia aplique el máximo rigor y sanción», afirmó la asambleísta masista.
