El oficialismo en el Senado todavía no definió una postura uniforme respecto de las declaraciones del presidente Evo Morales, quien pidió a la Cámara Alta la aprobación del proyecto de Ley Antirracismo sin modificar los artículos referidos a sanciones a los medios de comunicación.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Eduardo Maldonado (MAS), ratificó ayer la intención de revisar junto a las organizaciones de prensa los artículos 16 y 25 del proyecto de ley.
«Por un sentido de responsabilidad tenemos que proceder como establece el reglamento de aprobación legislativa. El proyecto ha sido aprobado en su cámara de origen (Diputados) y corresponde que la cámara revisora haga el trabajo de revisión, ajuste y mejoras», dijo.
Maldonado informó que la Cámara de Senadores ingresó en la semana regional, por lo que se estima que el lunes 27 se reasuma el análisis y el cronograma de audiencias públicas.
En contraparte, el senador Adolfo Mendoza, del MAS, aseguró que se debe aprobar con mayor contundencia «una norma para romper esa suerte de monopolio de la libertad de expresión, como si fuera un asunto de los medios de comunicación, cuando es un derecho ciudadano», explicó.
El sábado, en Toro Toro (Cochabamba), Morales convocó a las organizaciones sociales, campesinas e indígenas a apoyar y defender el proyecto de Ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y pidió al Senado aprobar la nueva norma sin modificaciones.
Para el senador opositor Bernard Gutiérrez (CN), el pedido del Presidente es una intromisión en asuntos de otro poder del Estado. «No es que el Presidente les solicita, está planteando una orden», advirtió.
Roberto Coraite, máximo líder de la CSUTCB, informó que realizarán vigilias para garantizar la aprobación de la norma. «Hace tiempo nos hemos manifestado sobre la ley. Hemos dicho que se debe aprobar sin modificaciones». Los artículos polémicos son el 16 y 25, que disponen, en el primero, la sanción y clausura de un medio de comunicación que difunda términos racistas y discriminadores; y en el segundo, la pérdida del fuero.
En tanto, el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dijo que el presidente Morales debe reflexionar sobre su posición y convertirse en un defensor de la libertad de expresión. La APLP realizará hoy una reunión de directorio para definir un pronunciamiento.
