La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) alertó sobre el recrudecimiento en número y violencia de los linchamientos que se producen en el país a título de «justicia comunitaria». Monseñor Óscar Aparicio, obispo auxiliar de La Paz y secretario general de la CEB, dio ayer lectura del comunicado titulado: «La vida, don sagrado de Dios».
En el documento, la Iglesia católica manifesta su preocupación por las frecuentes noticias de linchamientos, actos que, según apunta, «desprecian el valor sagrado de la vida como don de Dios, y vulneran profundamente la dignidad humana».
El pronunciamiento se origina después del linchamiento de cuatro policías en un ayllu de Uncía, al norte de Potosí, que se produjo a finales de mayo, y del ajusticiamiento de tres hermanos, que fueran enterrados vivos en la comunidad cochabambina de Batallani, Tapacarí.
«Desde hace tiempo se producen estos crímenes, sin embargo en estos últimos años han recrudecido en número y con características de una violencia brutal e inhumana, justificados con argumentaciones insostenibles y que, en ciertos casos, rayan en la apología del delito. Lo que causa aún más inquietud es el hecho de que las autoridades responsables del orden y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, no logran prevenir ni sancionar adecuadamente a los responsables».
El responsable jurídico del Viceministerio de Justicia Originaria Campesina, Herculiano Capusiri, aseguró que la justicia es la institución encargada de resolver estos delitos. «De ninguna manera se podría decir que los linchamientos son justicia comunitaria», añadió y citó el artículo 190 de la nueva Constitución Política del Estado que condena estos hechos y que a la letra dice: La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, a la defensa y demás garantías establecidas en la Constitución.
Sin embargo, la Iglesia advierte que estos crímenes son consecuencia de una malentendida «justicia comunitaria». «Agravada por las ambigüedades contenidas en la actual legislación, que no reglamenta sus alcances y responsabilidades, y en la que pretenden ampararse muchos de los responsables».
Finalmente, pide que los bolivianos destierren «estas prácticas inhumanas, que redescubramos los auténticos valores humanos y cristianos que nacen de la fe en el Dios de la Vida y del Amor. A las instancias civiles y policiales pedimos que extremen esfuerzos y tomen urgentemente todas las medidas necesarias para desterrar este grave flagelo, esclareciendo con prontitud estos hechos y sancionando a los culpables».
Dos casos que conmocionaron
Cuatro policías fueron torturados y perdieron la vida a manos de los comunarios de Saca Saca, Uncía, en el norte de Potosí, y tres hermanos fueron enterrados vivos en la comunidad de Batallani, Tapacarí. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido.
El primer caso se produjo entre finales de mayo y principios de junio en el norte de Potosí, habitado por cinco comunidades indígenas conocidas como «ayllus (clanes) guerreros». Los policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro —según algunas versiones— seguían la pista de una banda de «auteros».
En el segundo caso, los hermanos Basilio, Sabino y Bonifacio Espinoza Flores fueron enterrados vivos a mediados de septiembre. El drama comenzó cuando días antes se levantó el cuerpo sin vida de Miguelino Delgado Condori. Los familiares de los tres hermanos que fueron enterrados vivos señalaron a los parientes de Delgado como los culpables del triple crimen a causa de rencillas personales.
