Así lo establece el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. «El derecho de acceso a la información no podrá ser ejercido sobre la información clasificada como secreta, reservada o confidencial», señala el Artículo 42 del documento.
Éste precisa que la información secreta es aquella relativa a la seguridad interna y externa del Estado y cuya divulgación o difusión pueda ponerlo en riesgo. Añade que «se clasificará mediante leyes que serán promovidas por las entidades que así lo requieran».
En este caso, la restricción durará un máximo de 20 años, cuando se trate de información sobre seguridad externa y 10 años cuando se refiera a seguridad interna, según el Artículo 43. El proyecto define como información reservada a la que haya sido establecida así «mediante leyes o decretos supremos aprobados en materias distintas de seguridad del Estado».
Asimismo, señala que también adquirirá esa calidad a través del procedimiento de clasificación dispuesto en la norma, el cual estará a cargo de la máxima autoridad de la entidad y se hará mediante resolución expresa.
Esta información estará restringida mientras no exista una orden judicial emitida dentro de un proceso o no se apruebe un norma igual o superior a la que sirvió para restringirla», se lee en el Artículo 43 del proyecto de ley.
Finalmente, el documento señala que la información confidencial es la referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas; la protegida por el secreto profesional; aquella cuya divulgación pueda poner en peligro la vida, integridad y seguridad de alguien; y la relacionada con niños, niñas y adolescentes. El acceso en este nivel se abre vía orden judicial. El diputado José Yucra (MAS) informó a este medio de que el proyecto de ley ya cuenta con un informe positivo por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, pero que todavía es socializado antes de su tratamiento en el pleno de esta instancia.
Críticas. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, indicó que una de las observaciones de la entidad es que el proyecto no detalla «quién califica lo que es secreto, confidencial o lo que debe ser reserva». Se cuestiona además que «nadie controla al Ministerio de Transparencia», y que éste se constituye con la ley «en juez y parte».
«Reclamamos también una Ley de Archivos que garantice la existencia de la documentación que cualquier ciudadano puede requerir», añadió.
De su lado, el presidente de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Centeno, calificó como «una aberración el que se tengan plazos tan extensos para el levantamiento de información (…). Quieren minimizar nuestra Ley (de Imprenta, subordinarla a otras leyes».
Temen por el secreto de la fuente
EXPLÍCITO
Glasinovic pidió que se disponga claramente que el secreto de fuente está en el nivel secreto y no en el confidencial.
RIESGO
Según Centeno, el nivel de confidencialidad «podría levantar el secreto de la fuente, la base del trabajo periodístico, a la simple solicitud de una orden judicial».
MEDIOS EN LAS LEYES
Campaña política
El Artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral prohíbe a los postulantes a cargos electivos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional a «dirigir, conducir o participar en programas radiales o televisivos (…)»; y a «acceder a entrevistas por cualquier medio de comunicación relacionadas con el cargo al que postula».
Contra el racismo
La Cámara de Diputados aprobó la Ley contra el Racismo y la Discriminación, misma que prevé sanciones económicas y la suspensión de la licencia de funcionamiento de los medios que «autoricen y publiquen ideas racistas y discriminatorias». Dispone sanciones penales para los responsables de estas actitudes.
Sobre contenidos
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Marianela Paco (MAS), anunció que se debatirá un proyecto de ley para «regular a los medios», a los que obligará a priorizar contenidos educativos. Aseguró además que la Ley de Imprenta es «obsoleta» y será derogada.
Información pública
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción elaboró un proyecto de ley que fija tres niveles de restricción al acceso a la información pública. El primero de ellos limita ese derecho por un período de hasta 20 años. El documento dispone que la restricción se establecerá mediante leyes o decretos supremos.
