El Gobierno y la Iglesia Católica protagonizaron un duelo verbal de acusaciones a causa del proyecto de Ley Antirracismo y sus efectos en la libertad de expresión. El presidente Evo Morales pidió ayer a la Iglesia Católica no entrometerse en cuestiones de Estado ni hacer política, luego de que la entidad advirtiera que hay riesgos jurídicos por la norma que trata el Senado.
«Yo me acuerdo que cuando visité al Papa y le hablé de acabar con el celibato, el Papa me dijo que el Estado no se meta a la Iglesia. Situación que yo acepté, pero ahora algunos miembros, jerarcas de la Iglesia, se meten al Estado y hacen política», declaró el Mandatario.
La respuesta no se dejó esperar. Desde Santa Cruz, el vocero de la Arquidiócesis, Marcial Chupinagua, aseguró que las expresiones de Morales son signo de discriminación, y pidió al Mandatario recibir y analizar los criterios que vengan de una u otra persona.
«Estas expresiones a su manera de referirse ¿no es ya una manera de discriminación, cuando no se permite o no se acepta aportes de quienes son también ciudadanos bolivianos?», dijo Chupinagua. «Para no ser racistas y no ser discriminadores en un país democrático, toda autoridad debe recibir, aceptar, analizar las opiniones y criterios que vengan de una u otra persona», acotó.
Tras la declaración del vocero eclesiástico, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que los jerarcas de la Iglesia no son los indicados para hablar de discriminación. «Lamentablemente, y lo digo como católico, la Iglesia es una de las instituciones más discriminadoras con la población. Hablemos de las mujeres, que no pueden ingresar al sacerdocio, de las limitaciones que tienen los sacerdotes con relación al celibato».
En pleno debate por la aprobación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronunció el lunes.
«La Iglesia, por principio, rechaza toda forma de discriminación y racismo; la Conferencia Episcopal Boliviana advierte sobre algunos riesgos que pueden resultar de la aprobación y aplicación del proyecto de ley que está en debate. La función de la opinión pública es actuar como factor de equilibrio social, fundamentalmente, con relación al poder constituido», señala el comunicado leído por el secretario general de la CEB, monseñor Óscar Aparicio.
Chupinagua explicó que el documento fue emitido en respuesta a la invitación pública que realizó el Gobierno, «de responder con criterios», al proyecto de ley que causó polémica por los artículos 16 y 23 que vulnerarían la libertad de expresión con el cierre de medios y multas.
«Es importante el debate sobre la ley»
Natalia Torres
La ANP organiza un foro sobre Acceso a la Información, libertad de prensa y de expresión. La experta argentina brindará una disertación.
– ¿Qué opina del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública de Bolivia?
– En principio me parece que es importante, antes de entrar en la discusión de la legislación, destacar que haya debate sobre un proyecto de Ley sobre Acceso a la Información, porque esto genera que podamos debatir lo que consideramos información pública. Ya de por sí es un avance, es algo para destacar y positivo. Que haya debate en la agenda política.
– ¿Qué dice de las restricciones al acceso de información?
– Hay puntos que son claves dentro de la legislación de acceso. Uno es la legitimación activa que es a quién se le reconoce el derecho. Otro es la legitimación pasiva sobre cuántos organismos serán alcanzados. Otro punto clave es el tema de las excepciones y la clasificación de la información. Las excepciones (restricciones) deben ser claras y sin ambigüedades.
– ¿Se puede mejorar la ley?
– Hay algunas cuestiones que se podrían tomar de referencia de la Ley Modelo Interamericana (sobre Acceso a la Información, aprobada por la OEA en junio de este año) En principio, un tema de gran relevancia es lo que se denomina el test de interés público y esto es poder comprender el cumplimiento de determinados requisitos. Si el acceso ocasionaría un riesgo claro, probable y específico o significativo. Verificar que la no provisión de la información sería un beneficio mayor que darla. Por ejemplo, en el caso del organigrama de un organismo de seguridad. Hay que verificar si el acceso puede generar riesgo.
– ¿Sobre qué tema disertará?
– Sobre las características del acceso a la información pública en América Latina. Un paneo de lo que plantea la Ley Modelo, los puntos primordiales y el debate que existe en Bolivia.
