La Alcaldía de La Paz alista una orden para demoler las 15 precarias viviendas que están en un área forestal de Cupilupaca. Los afectados argumentan que es su terreno y que debe respetarse el derecho propietario. Las construcciones se encuentran en la parte alta de la avenida 27 de Mayo, a pocas cuadras de la avenida Periférica, en la ladera oeste de la ciudad, en un terreno que está cubierto por árboles de 15 a 20 metros de altura.
La Razón informó que en medio del talud o cuesta del cerro comenzaron a edificarse otras dos precarias viviendas de ladrillo y estuco, y que en la parte alta los dueños comenzaron a definir los límites de los lotes para una nueva urbanización. Cada terreno tendrá, en promedio, 160 metros cuadrados. Incluso ya están definidas las áreas peatonales y de vías.
El apoderado del propietario, Gabriel Blas Ortiz, explicó que el terreno tiene una superficie de 6.674 metros cuadrados y mostró el título que le da derecho sobre el área inscrita en la oficina de Derechos Reales, repartición encargada de certificar la propiedad de bienes inmuebles.
Sin embargo, el secretario general de la Subalcaldía Periférica, Isaac Fernández, explicó que según el reglamento del Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA), que define los parámetros de construcción en la ciudad de La Paz, el terreno en Cupilupaca es considerado como un área forestal.
«Pueden tener derecho propietario de un área forestal. (Pero) no se puede habitar», aseguró Fernández. Incluso dijo que el 2006 salió una Resolución Municipal que ordena la demolición de las 12 primeras construcciones precarias, y que nunca fue aplicada.
El proceso técnico administrativo comenzó el 2005, cuando la Subalcaldía identificó estas casas ilegales en Cupilupaca sector Los Pinos y en Pokeni; ubicados encima de la avenida 27 de Mayo. Cinco predios están en el primer sector y las restantes al segundo.
«A medida que avanzaba el proceso, los vecinos pusieron una solicitud para obtener la planimetría amparados en la Ley 2372», expresó Fernández refiriéndose a la norma de Regularización del Derecho Propietario Urbano del 22 mayo del 2002. La disposición permite que, por antigüedad, los vecinos puedan ser aceptados «como adicionales» en la planimetría.
La solicitud llegó a la Dirección de Administración Territorial (DAT) dependiente de la Alcaldía, pero —después de verificar los datos y el terreno— comprobó que las viviendas estaban en construcción y, por tanto, no podían acogerse a la citada norma.
«La solicitud fue archivada sin aprobación», sostuvo Fernández y aseguró que continúa el proceso administrativo. «Los pasos (que restan) son que vayan a la Dirección Jurídica para que emita su criterio. Después es remitido al despacho del Alcalde» que, en última instancia, ordena la demolición. El técnico edil calcula que la orden saldrá a finales de este año o principios del siguiente.
RESPUESTA. El apoderado del terreno, declaró que «las casas ya están consolidadas desde la primera gestión de (el ex alcalde) Juan del Granado. Vamos a ir a lo profundo y estoy en los juzgados presentando (una demanda)», aunque no precisó contra quiénes. El técnico de la Subalcaldía descartó una posible conciliación con los afectados. «Ellos ya sabían que estaban en área ilegal y las personas a quienes vendieron los lotes les han engañado», concluyó.
La demanda del concejo paceño
-El Concejo Municipal de La Paz aprobó una Minuta de Comunicación alertando de la ilegalidad de efectuar construcciones y tala de árboles en estos terrenos.
-Además, pidió a la Subalcaldía hacer una fiscalización de la tala indiscriminada de árboles, los asentamientos irregulares y a las construcciones ilegales en un área forestal.
