El Gobierno desecha la iniciativa legislativa ciudadana que realizan las organizaciones de prensa para modificar la Ley Antirracismo al calificarla de inconstitucional y sin asidero legal. Además, califica a las acciones de los huelguistas como un desacato a la norma vigente.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseguró ayer que quienes recogen firmas y alientan un referéndum o iniciativa legislativa están equivocados, «porque la Constitución determina que haya formas de lucha contra el racismo y la discriminación, y pretender una iniciativa legislativa es ir contra la Constitución y no tiene asidero legal, sólo distrae».
Las organizaciones de prensa formalizaron ayer la iniciativa legislativa ciudadana para lograr, a través de un proyecto de ley, que se anule el artículo 16 y se modifique el 23 de la Ley Antirracismo.
La acción tiene el apoyo de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, informó ayer el presidente de la APLP, Pedro Glasinovic.
«En coordinación con las organizaciones de prensa, estamos instalando puntos de recolección de firmas en todo el país hasta llegar al millón de firmas, para presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para eliminar el artículo 16 y modificar el 23», sostuvo.
PROTESTA. Mientras tanto, la huelga de hambre en Santa Cruz masificó su piquete con la presencia de 17 personas en ayuno. En Cochabamba, los periodistas, vestidos de negro, realizaron una marcha de duelo en el centro de la ciudad.
Al respecto, el ministro Chávez señaló que «la huelga de hambre claramente se encuentra en contra de la ley y de la aplicación de esta norma. Es un franco desacato al cumplimiento de esta disposición legal, que nosotros entendemos que no tiene ningún fundamento».
Consultado por La Razón, el analista político Jorge Lazarte dijo que los periodistas no están cometiendo ninguna acción de desacato, «porque no llaman a incumplir con la ley. Se movilizan para modificarla. Criticar una ley no quiere decir que uno no esté dispuesto a cumplirla. Se puede criticar hasta la Constitución. Otra cosa es que llamen al desacato, pero no ocurrió».
El viceministro Chávez también desestimó la acción de los periodistas y medios de prensa de declararse de luto. «No está de duelo la democracia, los racistas son los que están de duelo, los discriminadores son los que están de duelo», afirmó.
FIRMAS. La recolección de rúbricas se masificó ayer en todo el territorio nacional. En La Paz se instalaron diversos puntos, uno en las puertas de la APLP (avenida 6 de Agosto, edificio Dos Torres), en la Plaza del Bicentenario, en la calle 21 de Calacoto, en el matutino El Diario y en las redes televisivas PAT y red Uno. Hoy se prevé la instalación de cuatros puntos en la ciudad de El Alto, en Ciudad Satélite y las zonas 16 de Julio, Viacha y Villa El Carmen.
El secretario ejecutivo de la Confederación, Pablo Zenteno, informó que en Tarija se abrieron tres libros, dos en Yacuiba y dos en Montero (Santa Cruz). «Se ha iniciado, en varios puntos, la recolección de firmas y vamos a continuar masificando la medida porque las firmas tienen calidad de mandato para que la Asamblea Legislativa revise la ley», dijo.
El presidente de la ANP, Marco Dipp, señaló que apoyarán la iniciativa ciudadana legislativa, porque «lo que se trata es de reforzar el esfuerzo de todos los organismos de prensa. Vemos con preocupación que el Gobierno está queriendo tipificar la movilización de la prensa como una suerte de desacato, lo cual no es así».
Desde el viernes 9, cuando se inició la apertura de los libros notariados, se recolectaron cinco mil firmas. Hasta ayer otras 2 mil firmas, lo que hace un total de siete mil, señaló anoche la secretaria de Hacienda de la APLP, Leslie Rojas.
Los libros de rúbricas
-La ANP, la APLP y la CSTPB concentrarán los libros notariados de firmas que se abrieron en todas las capitales del país y también se lo hará en provincias con las federaciones.
-Cada libro tiene 400 páginas, cada una con 35 firmas, lo que hace un total de 14.000 por libro. La intención de los organismos de prensa es llegar al millón de firmas en dos meses de plazo.
Base legal del proyecto de las organizaciones
El anteproyecto de Ley de «Defensa de los Derechos y Libertades de Expresión, Prensa e Información» de las organizaciones de prensa pide eliminar y modificar los artículos 16 y 23, respectivamente. En sus consideraciones, el documento explica que la Iniciativa Legislativa Ciudadana «es un derecho político fundamental de los bolivianos que está reconocido en el artículo 11 parágrafo II, numeral 1, y el artículo 109 parágrafo I de la CPE».
Además, indica que la Ley Antirracismo «conlleva una clara y evidente violación a los derechos a la libertad de expresión, prensa e información, reconocidos en los artículos 21, numeral 5, 106 y 107, parágrafo II de la CPE; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 13, numerales 1), 2) y 3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Además, justifica que «la imposición de sanciones punitivas a periodistas y medios de comunicación como consecuencia de las expresiones vertidas por cualquier persona que tenga acceso a los mismos y no reconocer el régimen de autorregulación y procesamiento sujeto a la Ley de Imprenta vigente desde 1925, generan un mecanismo directo de censura previa y de responsabilidad injusta por los hechos de un tercero».
En el primer artículo del anteproyecto, se incluye la derogación del artículo 16, en su totalidad; en el segundo, la modificación del artículo 23, para que el trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, se sujete a lo establecido en la Ley de Imprenta de 1925, en aplicación del artículo 107 de la CPE.
Carlos Alarcón
La iniciativa no está regulada por ley
La iniciativa legislativa ciudadana, amparada por los artículos 11 y 109 de la Constitución Política del Estado, es otro mecanismo de participación democrática distinto al referéndum. En la iniciativa legislativa ciudadana, todos los ciudadanos que están de acuerdo con ella la promueven y actúan como una especie de cámara de origen legislativa donde formulan el texto de ley que están promoviendo. Luego se recolecta una cantidad de firmas que se considere representativa, para finalmente remitir las firmas y el texto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual está constitucionalmente obligada a darle un tratamiento inmediato porque no puede rechazarla. Pero, si la Asamblea no cumple su deber constitucional, podría convocarse a un referéndum para que sea el propio soberano quien apruebe la ley. Cabe resaltar que la iniciativa no está regulada por ley, sólo está mencionada, por lo que no existen requisitos ni condiciones mínimas para su ejercicio. A diferencia del referéndum, no se requieren libros autorizados por la Corte Nacional Electoral, sino libros que se habiliten ante un notario de fe pública, en los cuales el texto de ley debe encabezar los libros.
Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.
