El Gobierno denunció ayer que las casas de juego incurrieron en defraudación fiscal. Afirmó que entre enero del 2009 y junio de este año, esos establecimientos tuvieron ingresos brutos por Bs 500 millones y sólo pagaron al Estado Bs 500 mil por concepto de IVA, IUE e IT.
«Se ha podido establecer que entre enero del 2009 y junio del 2010, estas instituciones habrían generado Bs 500 millones (de ingresos brutos). Sin embargo, haciendo un cruce de información con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se tiene que los tributos (pagados) en el mismo período llegan a Bs 500 mil, lo cual obviamente nos llama la atención», afirmó ayer la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, en entrevista con La Razón.
Consultada si ello implica defraudación, respondió: «Sí, porque hay conceptos que no están siendo pagados y hay entidades que no pagan ninguno de los tributos aplicables».
Los tributos mencionados, precisó la autoridad, son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IT).
El asesor de las casas legalmente establecidas en la Lotería, Javier Castedo, aseguró que desde enero a la fecha estos establecimientos tributaron Bs 33 millones y con la propuesta que tienen de que se cobren impuestos por máquina la recaudación subirá,
Ríos dijo que además «se ha denotado que hay un nivel de incumplimiento respecto a lo que ha establecido la Ley Financial para la presente gestión, debido a que estas casas de juego no estarían otorgando la correspondiente factura por la venta de fichas», aseguró. En ese sentido, recordó que se efectuaron clausuras y que el SIN impulsa procesos de fiscalización.
El 8 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, anunció que el gabinete ministerial aprobó el proyecto de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, mismo que plantea crear un impuesto para los operadores del sector (del 30%) y otro para los jugadores (del 10%).
Entonces detalló que con la medida se prevé conseguir una recaudación anual de Bs 200 millones. Según Ríos, el Gobierno no consensuó el proyecto con los propietarios de casas de juego porque «el Estado tiene la potestad privativa de crear impuestos».
RESTRICCIÓN. La viceministra descartó la posibilidad de que se cobren impuestos por máquina. «Se trata de controlar la actividad, no de masificarla. El cobrar un impuesto por máquina significa que cualquiera puede tener una máquina de juego en cualquier instalación, como ser una tienda de barrio», argumentó la autoridad.
El proyecto crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. A decir de Ríos, además de otorgar licencias de funcionamiento, la entidad detallará las actividades específicas que se desarrollan en las casas de juego, controlará que no se instalen cerca de centros educativos y que no admitan a menores de edad.
La viceministra añadió que el proyecto de ley prohíbe estrictamente que se participe del juego mediante monedas o billetes de corte legal. Ello implica que sólo se entregarán fichas. En cuanto a las promociones o sorteos empresariales, Ríos indicó que el órgano regulador cobrará el 10% sobre los ingresos de las empresas, menos el valor de los premios entregados.
No se jugará a crédito
El proyecto de Ley de Juegos de Lotería y de Azar prohíbe a los clientes de las casas de juego jugar a crédito. «Muchas empresas sí permiten (eso) porque así más o menos se genera más dependencia en los jugadores», manifestó Ríos.
Empresarios rechazan la nueva ley
Representantes de las cuatro casas de juegos que operan en Bolivia con licencia y dirigentes de asociaciones de pequeños propietarios de máquinas tragamonedas expresaron ayer su rechazo al proyecto de Ley de Juegos de Azar; arguyen que éste no fue consensuado y que pone en peligro más de 22 mil fuentes de empleo directas y 14 mil indirectas.
En representación de las empresas de juegos Lotex, CorHat, Star Mirage Games y Jet Games, el abogado Javier Castedo informó que el proyecto de ley busca «acabar» con los establecimientos que prestan este servicio.
«El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas pone en riesgo las 7.000 fuentes de empleo directo que se crearon en los últimos años con la apertura de salas de máquinas tragamonedas y 14.000 empleos indirectos», dijo.
La representante de las asociaciones de máquinas tragamonedas, Milenka Ferrel, manifestó que los afiliados, que son más de 15 mil, piden ser legales y tributar bajo la figura máquina/mes, valor que consideran debe ser «razonable». «Queremos aportar al país y contarle al Presidente (Evo Morales) nuestra realidad, por esa razón le pedimos una audiencia, para que conozca nuestro rubro, nuestro trabajo y nos ayude a mantener nuestra fuente de trabajo», aseveró Ferrel.
Empresarios de las casas de juego y los pequeños propietarios de máquinas enviaron una carta al Jefe de Estado solicitándole una audiencia para hablar del tema.
