El pasado 14 de julio, cinco estudiantes de octavo de primaria, de entre 13 y 14 años, de un colegio particular de Santa Cruz fueron echados de su institución educativa por burlarse de uno de sus compañeros de curso con mensajes racistas.
Los mensajes fueron difundidos a través de internet en un blog supuestamente creado por otros adolescentes. La página, además, contenía una encuesta con las siguientes preguntas: «¿Por qué odias a…?, ¿porque es negro?, ¿africano?, ¿es yungueño?, ¿porque es gordo?, ¿porque tiene una verruga?»
Tras la expulsión de los estudiantes, la Fiscalía empezó una investigación y un perito informático está tras las huellas de los creadores del sitio web y de los internautas que accedieron a la página electrónica.
Según el viceministro de Descolonización, Félix Trujillo, aquellas «malas prácticas» de internet deben ser castigadas. «No queremos que se difundan más mensajes de este tipo. El tema de estos chicos en Santa Cruz es casi una jurisprudencia, pero no olvidemos que no los han expulsado por racistas sino por hacer quedar mal al colegio».
La Ley aprobada ha creado un mecanismo para normar hechos similares. Uno de los parágrafos del artículo 6 de la norma establece: «Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como internet, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio».
Pero no sólo eso, el director de Lucha Contra el Racismo, Mario Machicado, dijo que será posible castigar a los internautas que envíen mensajes de texto cuyo contenido esté prohibido por la norma.
Es decir, las personas que en sus muros de Facebook, en charlas por chat o mediante correos electrónicos escriban frases discriminatorias o racistas serían pasibles a sanciones previstas en la nueva norma.
La nueva legislación ha previsto que la difusión e incitación al racismo o a la discriminación serán sancionadas con una pena privativa de libertad de uno a cinco años.
Sin embargo, aún no existe una reglamentación al respecto. «El Viceministerio de Descolonización va a llevar adelante el diagnóstico de racismo y discriminación que nos dará una muestra fotográfica de lo que sucede. Ahí tendremos una figura clara del problema y se preparará una respuesta acorde».
El debate sobre la reglamentación de la Ley ha comenzado. Sin embargo, por el momento, la norma que determine los límites para el uso del internet no ha sido planteada.
Para discutir sobre internet y otros espacios donde podrían emitirse juicios contrarios a la Ley, se ha creado un comité interinstitucional.
El viceministro Trujillo explicó que el racismo y la discriminación están presentes en diferentes espacios de la sociedad e, incluso, empiezan en el mismo Estado. «Hay racismo explícito. Por ejemplo, hay una escuela de formación para maestros rurales y otra para los urbanos. Hay racismo que parte desde el Estado, hasta en las Fuerzas Armadas y en la Policía porque se estudian en diferentes escuelas para diferentes rangos».
Cifras de la fundación UNIR BOLIVIA
El 2008 la Fundación Unir hizo un estudio sobre racismo, que determinó que el 82,2 por ciento de la población consideraba que existía un nivel alto de racismo en Bolivia y el 62,4 por ciento que hay más en su localidad de residencia. Más del 80 por ciento consideraba que existía discriminación alta en el país.
La norma y la educación
El artículo 6 de la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación titula «De Prevención y Educación». Abarca distintos aspectos que van desde las normas sobre el internet hasta los medios de comunicación y da pautas sobre los siguientes pasos que se darán en el impulso de la norma.
Queda establecido que se va a: «promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y secundario».
También se va a «diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano».
El viceministro de Descolonización, Félix Trujillo, dijo que se trabajará en una reglamentación sobre el tema. «Es muy pronto para hablar sobre si se va a crear una materia o qué se va a hacer para consolidar estas políticas estatales».
La autoridad explicó que se coordinarán acciones con el Ministerio de Educación para reformular los ámbitos educativos en la futura Ley Avelino Siñani.
