Para reducir las brechas y las desigualdades en la sociedad boliviana, la representante de las Naciones Unidas, Yoriko Yasukawa, propone aprovechar el superávit fiscal y la estabilidad económica a fin de implementar tres retos de acción.
«Para reducir la desigualdad en Bolivia, debemos universalizar los derechos sociales, democratizar el empleo y el trabajo dignos y fortalecer la interculturalidad», declaró Yasukawa, al comentar las conclusiones del informe nacional sobre Desarrollo Humano (IDH).
Las acciones para universalizar el ejercicio de los derechos deben basarse en la idea de «educación y salud para todos», explicó Verónica Paz, coordinadora del PNUD. Ello requiere garantizar servicios de calidad (maestros, libros, escuelas, médicos, hospitales y otros) en los niveles nacional y local.
También se debe tomar en cuenta que para las poblaciones extremadamente pobres el gasto en educación y salud representa una parte importante del presupuesto del hogar. Por lo tanto, el informe recomienda que es necesario invertir en incentivos como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, desayunos escolares, provisión de uniformes y material escolar, entre otros.
Para democratizar el empleo y el trabajo dignos, el trabajo del PNUD sugiere que se promuevan políticas orientadas a aumentar los ingresos y la estabilidad laboral para dar mayor bienestar a los hogares a través de mejores salarios. Para lograr este objetivo, por ejemplo, muchos estados y empleadores en el mundo ofrecen servicios de atención a los ancianos y de guardería para niños. El documento sugiere que se debe incentivar a las empresas bolivianas a que paguen buenos sueldos y exploten los recursos naturales de modo sostenible como son los casos de productores orgánicos, de biocomercio, ecoturismo y comercio justo. También fomentar políticas de capacitación laboral y promover la graduación de bachilleres. «Un país como Bolivia debe plantearse como meta la terminación universal de secundaria», señaló Yasukawa.
En tanto, para promover la convivencia y erradicar la discriminación, se debe incluir la interculturalidad como eje transversal en el sistema educativo, la salud y la administración pública, combinar medidas y leyes antidiscriminación con políticas de acción afirmativa (actuaciones dirigidas a reducir o eliminar prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos como las mujeres o grupos étnicos o raciales) y crear espacios de integración entre distintas identidades y culturas, especialmente en áreas urbanas y receptoras de migrantes donde es más frecuente la discriminación.
La investigación del PNUD concluye: «Hoy los puentes están dados para construir una ‘comunidad de iguales’ entre diferentes. Este anhelo histórico de los bolivianos es un imperativo ineludible para la convivencia armónica en democracia, por lo que trascender las fronteras del cambio político es el nuevo reto que viene».
Los líderes deben dar el ejemplo de convivencia
Los líderes políticos del oficialismo y la oposición deben promover la convivencia entre los bolivianos y combatir la discriminación, sin apelar a discursos descalificadores a los que son diferentes, es el llamado de la representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa.
«Creo que los políticos tienen un papel importante en dar un ejemplo. Inclusive desde su discurso público. Creo que en Bolivia el discurso sigue siendo muy duro, agresivo y muy descalificador de los que son diferentes», manifestó la coordinadora residente.
De acuerdo con el análisis de Yasukawa, los discursos descalificadores surgen de los diferentes ámbitos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición. «Creo que haría un llamado. Que piensen mucho en el mensaje que los líderes dan en su discurso. No es posible construir la convivencia cuando nuestros líderes están descalificando a los que son diferentes de ellos», señaló.
Yasukawa considera que la responsabilidad de los políticos es otra forma de «promover la inclusión, respeto y cariño hacia los otros», además de las sanciones al comportamiento discriminatorio y racial que se implementan en normas desde la Asamblea.
