La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) «demandó» del presidente Evo Morales «abstenerse de promulgar leyes» que podrían ser utilizadas para coartar la libertad de expresión. El Gobierno asegura que este derecho está garantizado.
El pronunciamiento de la SIP es parte de la resolución emitida ayer por el organismo de prensa al cierre de su asamblea anual, desarrollada en Mérida (México).
En el documento, la SIP se pronunció por «demandar al presidente Evo Morales abstenerse de seguir promulgando leyes que coartan la libertad de expresión» y lo exhorta a adecuar la Constitución boliviana a declaraciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión, según un reporte de la agencia AFP.
El envío añade que la SIP pidió en particular eliminar los artículos 16 y 23 de la ley contra el racismo y la discriminación, que según la entidad abren la posibilidad de cerrar medios. Estos dos artículos, señala la organización que agrupa a unas 1.200 empresas periodísticas del continente, obligaría a los medios de comunicación a aplicar «la censura previa y la autocensura para que no sean cerrados».
En La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que es «la opinión de los empresarios, está claro y así lo tomamos. Los empresarios de alguna manera quieren mantener ámbitos de discriminación y tienen que entender que no puede haber discriminación y eso lo hemos debatido».
El vocero Iván Canelas remarcó que el Gobierno no cree que la ley contra el racismo viole la libertad de expresión que está garantizada por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta. «Es una percepción equivocada la que tienen los dueños de los medios de comunicación. La SIP tendría que definir si quiere que en Bolivia se sigan cometiendo actos racistas, de humillación a la gente porque tiene otro color o viste de manera diferente o ha nacido en el oriente, el occidente o en el área rural», señaló Canelas.
La SIP cerró su asamblea anual con llamados al cese de «campañas de acoso» a la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y la exigencia a los gobiernos de México y Honduras de esclarecer los asesinatos de periodistas.
En sus conclusiones, el órgano manifiesta su preocupación por el asesinato de 14 periodistas en el primer semestre de este año, siete en México, cinco en Honduras y otros dos en Brasil.
La organización alertó además que el común denominador de los ataques contra la prensa es que éstos quedan impunes, por lo que una de las «prioridades fundamentales de la SIP es trabajar para poner fin a estos crímenes y su impunidad».
