La Ley de Juegos de Lotería y Azar, que fija impuestos del 15% para los jugadores y del 30% para las empresas del rubro, fue sancionada por la Asamblea y sólo falta su promulgación. Con el voto de más de dos tercios de los senadores, el pleno de la Cámara Alta sancionó la madrugada de ayer el proyecto de ley, informó el presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas, David Sánchez (MAS).
El instrumento legal normará los juegos de lotería y azar, instituirá la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, y creará tributos que llegarán a los departamentos y los municipios. Según la norma, se impondrá un impuesto del 15% a los jugadores (usuarios) y del 30% a los propietarios de las casas de juego.
Sánchez manifestó que el proyecto de ley fue socializado y luego aseguró que la aprobación de esa iniciativa legalizará la vigencia de las casas de juegos, reducirá la concurrencia de jugadores y evitará que se cometan actos ilícitos como el lavado de dinero.
Explicó que una vez que la norma entre en vigencia, se ha dispuesto un plazo de 120 días para su reglamentación. «Con esta norma todo lo que se llaman juegos tendrán que pagar impuestos».
El impuesto del 30%, según Sánchez, se aplicará al ingreso bruto que declare la empresa y el 15% se aplicará al jugador al momento de comprar las fichas. «Si compra fichas por Bs 100, tendrá que pagar Bs 115», dijo.
Por su parte, el senador de Convergencia Nacional (CN), Róger Pinto, expresó su rechazo a la norma que consta de 49 artículos, por considerarla «centralista y carente de socialización con las gobernaciones y municipios del país». Aseguró que no garantiza una justa redistribución de recursos.
Javier Castedo, asesor jurídico tributario de la empresa de casas de juego Lotex, aseguró que la norma «inviabiliza el funcionamiento del juego en Bolivia, además de ser inconstitucional e ilegal en cuanto al tema impositivo».
El profesional acotó que «en suma, el impuesto llega a 60%. Algunas empresas podrían cerrarse». No descartó que se presente algún recurso judicial.
Distribución nacional, local y departamental
La norma básica dispone que los recursos tendrán que ser distribuidos a nivel local y departamental, lo que se definirá en la reglamentación. Según el senador David Sánchez (MAS), del 30% que se imponga a los propietarios, el 100% del total será para el Tesoro General de la Nación (TGN), que se redistribuirá para los sectores de salud y educación.
En tanto, del 15% que afectará a los jugadores, 70% irá al TGN, 15% a los departamentos y 15% a los municipios. Sánchez añadió que las Asambleas Legislativas Departamentales y Municipales tendrán que aprobar leyes para el uso y distribución de estos ingresos.
Advirtió que con la norma todas las casas de juego, incluyendo los denominados tilines, serán regulados. «La ley también hace referencia a su localización, por ejemplo, no podrán estar cerca de unidades educativas», dijo.
