Desde hace cinco días, el Estado no tiene presencia en el municipio chuquisaqueño de San Lucas. Ocho policías se replegaron a Sucre y la fiscal Carmen Encinas también abandonó el lugar debido a amenazas de muerte.
El fiscal de Distrito interino de Chuquisaca, Gustavo Carreón, comparó la situación con lo sucedido en Uncía —donde cuatro policías fueron linchados por ayllus potosinos— por la intensa actividad del contrabando de vehículos que se registra en la zona.
«El Ministerio Público no quisiera que se suscite un hecho parecido a lo ocurrido en Uncía, que más o menos tiene estos antecedentes, porque se está convirtiendo en un sector sin ley, sin orden, sin autoridad», añadió.
El fiscal general, Mario Uribe, explicó que tomó la decisión de replegar a Encinas a la ciudad de Sucre por las amenazas de muerte que recibió si no se iba de San Lucas en 48 horas. «No puedo permitir que los fiscales estén sometidos a esa clase de amenazas».
Encinas dijo a su vez que no tiene la menor duda sobre la actividad de contrabando en el lugar. «Ingresé a diferentes comunidades y observé que hay vehículos sin documentación alguna, y ésa es la molestia y el porqué (los comunarios) no quieren la presencia en el lugar de policías y fiscales».
Añadió que no logró investigar con mayor profundidad esta actividad ilícita, por temor a las represalias de los habitantes de San Lucas, municipio de 32.000 habitantes, ubicado a 450 kilómetros de la ciudad de Sucre, en Nor Cinti. Para expulsar a la fuerza pública, sus moradores alegaron el maltrato de la entidad del orden y una presunta ineficiencia.
En La Paz, el comandante general de la Policía Boliviana, general Óscar Nina, aseguró que hay ciertos grupos en ese municipio chuquisaqueño que tienen un interés y una motivación especial «por la que han azuzado a la gente con el fin de retirar la presencia de autoridades del Estado. Es un fenómeno social que en otras poblaciones también se produjeron como Challapata y Achacachi».
«Seguramente, apuntó, las autoridades el Estado Plurinacional van a intervenir en este caso». Por su parte, el Fiscal del Distrito de Chuquisaca identificó a Pascual Villca, dirigente de la subcentral campesina; y Román Clemente, representante cívico, como los promotores del voto resolutivo que determinó la expulsión de la Fiscalía y de la Policía.
Según conoció La Razón, en comunidades de Palacio Tambo, Malliri, Ocurí, Cinteño Tambo, Chirimayu, Canchas Blancas, la circulación de vehículos indocumentados es intensa y se los comercializan en ferias.
En julio, una persona fue golpeada salvajemente en San Lucas y, posteriormente, falleció en un hospital de Sucre. También se intentó linchar a un policía porque apareció involucrado en un accidente en el cual uno de los pobladores perdió la vida.
