Representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), encabezados por su titular, Juan Carlos Rojas, se trasladaron ayer hasta la provincia Cordillera, en el departamento de Santa Cruz, para entregar notificaciones de desalojo a propietarios de tres predios que en conjunto suman más de 23.000 hectáreas y cuyas concesiones fueron revertidas por la existencia de relaciones servidumbrales e incumplimiento de la Función Económica Social .
Los predios afectados son Caraparicito (15.262 ha), de Duston Larsen; Buenavista (4.477 ha), de la familia Chávez Aguilera, y San Isidro (3.790 ha), de la familia Chávez Montes. Las tres familias recibieron un plazo de tres días para desalojar estas propiedades y, a la par, otras recibieron documentos de propiedad comunitaria: 30 familias en San Isidro, 30 en Caraparicito y 40 en Buenavista. En el caso de la familia Larsen, los propietarios solicitaron 20 días para el desalojo, argumentando que no solamente se deben mover pertenencias personales, sino además ganado. Las autoridades les pidieron que realicen una solicitud formal.
En el caso de San Isidro, los afectados anunciaron que no dejarán la propiedad y acusaron a las autoridades de actuar en función de objetivos políticos, mientras que en Buenavista no se encontraba nadie, por lo que se dejó una cédula notariada.
