La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no logran ponerse de acuerdo sobre la distribución de los recursos de coparticipación tributaria que la Ley 50 de Autonomías les obliga a compartir desde el 2011.
Encabezados por la rectora, Teresa Rescala, estudiantes y docentes de la UMSA ocuparon ayer las calles de la ciudad de La Paz en defensa de su presupuesto institucional. «Esta marcha es para reafirmar que el presupuesto de la UMSA, por cualquier vía, tiene que mantenerse. El presupuesto de esta institución está al filo de la navaja y por tanto no está en condiciones de ceder. Lo contrario sería admitir una muerte lenta de varios proyectos», señaló Alberto Montalbán, decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
La Ley de Autonomías modificó la proporcionalidad de la distribución del 5% de recursos de coparticipación tributaria establecida para financiar a las universidades públicas.
Hasta la gestión 2010, y desde su creación, el 5 de septiembre del 2000, la UPEA funciona con recursos correspondientes al 0,35%, del 75% de coparticipación tributaria que ingresa anualmente a las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN).
«El Alto aceptó funcionar con ese aporte, desde su génesis, y ahora con la Ley de Autonomías se cambian las reglas de juego. Para la UMSA esto significaría restar a su presupuesto entre el 13 y 15% de sus ingresos, con lo que se vería afectado su desenvolvimiento», sostuvo Montalbán.
Por su parte, el rector de la UPEA, Dámaso Quispe, demandó a las autoridades del Ministerio de Finanzas respetar lo que manda la ley. Dijo que esta institución suscribió un acuerdo con la Federación de Juntas Vecinales para exigir que la UPEA se beneficie con los recursos de coparticipación.
El Ministerio de Economía y Finanzas fijó como último plazo este 9 de diciembre para que ambas casas de estudios superiores definan cómo se distribuirán los recursos y para que estos porcentajes puedan ser incluidos en el Presupuesto General correspondiente a la gestión 2011.
El ministro Luis Arce Catacora advirtió que hasta el pasado viernes la UMSA y la UPEA no habían logrado ponerse de acuerdo, pese a la mediación de esa cartera de Estado.
De acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 22 de la Ley 50, del Presupuesto Reformulado 2010, «en el plazo de 60 días de promulgada la presente ley, las universidades públicas del departamento de La Paz presentarán un acuerdo sobre la coparticipación tributaria, el cual será incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2011».
Según Arce, el Ministerio de Finanzas no tiene potestad para hacer la distribución, porque la ley manda que los porcentajes tienen que estar establecidos entre las universidades. «Si no llegan a un acuerdo ambas instituciones, se van a perjudicar».
Además, en la Ley 50 se especifica «que en caso de que la mencionada documentación llegue de manera extemporánea, no se podrá incluir en el Presupuesto 2011. Con esta advertencia el Ministerio de Economía deslindó cualquier responsabilidad. «Es un tema que tienen que resolver ambas universidades», explicó la autoridad.
Para la rectora de la UMSA, Teresa Rescala, «cada universidad tiene que tener un financiamiento adecuado para su funcionamiento y la creación de otras universidades no debería afectar el presupuesto de las ya existentes».
Recursos para las ‘U’ públicas
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas dan cuenta que los recursos de coparticipación tributaria para la gestión 2010 se aproximan a Bs 4.807 millones. A las universidades públicas les corresponde cerca de Bs 240 millones.
