En una sesión con presencia de barras de apoyo, resguardo policial y duros cuestionamientos entre oficialismo y oposición, la concejala Desirée Bravo presentó un amparo constitucional que le valió no ser suspendida de su curul.
El recurso legal interpuesto permitió derivar la acusación de la Fiscalía al Tribunal Constitucional. De modo, que será ésta la instancia que definirá finalmente si Bravo continúa o no en el ejercicio de sus funciones. La votación en el Consejo para optar por este camino fue de cinco contra dos. Previamente abandonaron la sala la concejala implicada y otros dos concejales del MAS, quedando así reducida la votación a siete.
El momento verbal más duro se produjo después de que Saúl Ávalos, concejal del MAS, pidiera la comprobación nominal del voto. Esto motivó protestas por parte del oficialismo y un ácido intercambio con el concejal de VERDES, Enrique Landívar.
En señal de protesta ante tlo acontecido, Ávalos abandonó el lugar y anunció que la bancada del MAS no participará en ninguna sesión en tanto que no se dé curso a la suspensión de la actual presidenta del Legislativo de la capital cruceña.
