La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Desirée Bravo, sorteó ayer la amenaza de la suspensión, tras presentar un amparo constitucional que deriva la acusación de la Fiscalía al Tribunal Constitucional, instancia que definirá si sigue o no en el ejercicio de sus funciones.
Bravo, de Santa Cruz para Todos, fue imputada por el Ministerio Público por la presunta falsificación de sus libretas de secundaria y su título de bachiller. La votación en el Concejo para optar por este camino fue de cinco contra dos. Previamente abandonaron la sala la concejala implicada y dos representantes del MAS.
El momento más tenso se produjo después de que Saúl Ávalos (MAS) pidiera la comprobación nominal del voto. Esto motivó protestas del oficialismo y un intercambio de palabras con el concejal de Verdes, Enrique Landívar. En señal de protesta, Ávalos abandonó el lugar y anunció que la bancada del MAS no participará en ninguna sesión en tanto no se dé curso a la suspensión.
Según Gustavo Pedraza, abogado y analista político, «lo ocurrido puede abrir las puertas para una demanda en contra de los concejales por no haberse atenido al artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías».
