La Contraloría estableció un daño económico de $us 4,5 millones por la firma de dos adendas que encarecieron los puentes Trillizos y denunció ante la Fiscalía al ex alcalde Juan del Granado, al alcalde Luis Revilla y a la presidenta del Concejo, Gabriela Niño de Guzmán, entre otros.
A menos de siete días desde que presentó una querella formal contra el Alcalde paceño por cuatro delitos en el caso «gastos reservados», el contralor general del Estado (CGE), Gabriel Herbas, llamó ayer a una conferencia de prensa para anunciar la denuncia por presuntas irregularidades en la construcción de los Trillizos.
Allegados a Del Granado, jefe del MSM, indicaron que éste iba a hacer conocer su posición en el curso de las próximas horas. Una respuesta similar obtuvo este diario en la Alcaldía y tampoco fue posible un contacto con la actual presidenta del Concejo. Hasta el cierre de esta edición, a las 19.00 de ayer, no se pudo conocer la versión de ninguno.
La CGE explicó ayer que la suscripción de adendas a los contratos «llave en mano» están prohibidas por el Decreto Supremo Nº 29603.
El contrato con la constructora Asociación Accidental Progreso (AAP), del 13 de julio del 2007, que estipuló un precio de $us 14,3 millones por los tres puentes, en su cláusula 17 establecía que por tratarse de un contrato llave en mano, «bajo ningún aspecto o fundamento se podía realizar un reajuste de precios» y en la 30 disponía la forma de pago por avance mensual. Sin embargo, el gobierno edil suscribió una primera adenda el 13 de marzo del 2008, en la que aceptó entregar anticipos equivalentes al 31% del valor del contrato original en dólares ($us 4, 5 millones), además del adelanto del 20% previsto en el contrato original.
El 18 de julio del 2009 suscribió otra adenda para que el contrato suscrito en dólares sea expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), alegando la supuesta devaluación del dólar respecto del boliviano, el incremento de precios de insumos del proyecto y riesgo en la conclusión del mismo.
Según Registros Contables, esta adenda incrementó el precio del contrato en $us 4,5 millones, es decir un incremento del 40% .
Estas irregularidades, según Herbas, se producen pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió oportunamente que los contratos «llave en mano» no podían tener adendas y que era el contratista el que debía hacerse cargo de los posibles incrementos a la obra.
El Contralor denunció por haber firmado las adendas a Juan del Granado, por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, y a Juan Héctor Ascui Sandóval, representante de AAP, bajo la figura de contratos lesivos al Estado. También a Gabriela Niño de Guzmán, Miguel Quispe Callisaya, Jenny Cárdenas Villanueva, Rosario Aguilar Rodríguez, Nicolás Huallpara Aruquipa y Martín Rengel Luna, entonces concejales, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por haber omitido su función de fiscalización sobre las citadas adendas.
Por omitir entregar documentación sobre los Trillizos, la CGE denunció al alcalde Revilla por los delitos de incumplimiento de deberes, «desobediencia a la autoridad e «impedir o estorbar el ejercicio de funciones».
Juicio contra el alcalde
Gastos de representación. La Fiscalía presentó una querella formal por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y peculado contra el Alcalde en
el caso Gastos Reservados.
Feriantes. Un grupo presentó una querella contra Revilla por incumplimiento de deberes, amenazas y uso indebido de influencias.
