El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, identificó ayer a tres fiscales y cuatro jueces de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, quienes posibilitaron que delincuentes que contaban con antecedentes penales y que fueron detenidos tras ejecutar diversos atracos recobren la libertad.
«No son todos, pero existen fiscales y jueces que favorecen con la libertad a delincuentes prontuariados y reincidentes para que vuelvan a cometer delitos. Esa actitud es criminal porque la Policía tiene que recapturarlos y lo hace después de que cometieron otros ilícitos», dijo Llorenti, durante el acto del 34 aniversario de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
El miércoles, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Williams Alave, exigió al Gobierno y al comandante de la Policía boliviana, Óscar Nina, identificar a los operadores de justicia que tendrían nexos con delincuentes. Tanto Nina como el Viceministerio de Régimen Interior aseguraron que la banda que atracó a la joyería Sánchez, en Cochabamba, tenía nexos con jueces, consorcios de abogados y fiscales.
El ministro informó ayer de que presentó una denuncia formal contra la fiscal Giovana Rivas y el juez Roque Leaños, ambos de Santa Cruz, porque liberaron este año a antisociales reincidentes. Actualmente, dijo, siguen cumpliendo sus funciones.
Sobre las denuncias en Santa Cruz, el juez Leaños señaló que se someterá a la investigación. «Voy a demostrar mi completa inocencia y no con palabras sino con documentos y expedientes», manifestó. La fiscal Rivas colgó su teléfono móvil al escuchar la pregunta sobre el tema.
Llorenti también dijo que se enviaron cartas al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General en marzo de este año contra la fiscal cochabambina Leonor Rodríguez, quien puso en libertad a una banda de 11 sospechosos que atemorizaba a la población; contra el fiscal Igor Pereira Poppe y la jueza Celina Herbas Herbas, por haber dejado libres a cinco chilenos que atracaron una tienda de Fair Play; y a la jueza Heidy Zapata que dispuso la libertad de otros 11 asaltantes.
Fuentes del Consejo de la Judicatura de la ciudad del valle informaron a La Razón que las dos juezas señaladas por Llorenti están de vacaciones. El fiscal de Distrito, Camilo Medina, no se encontraba en su despacho y no se pudo ubicar a la fiscal acusada.
El ministro también dijo que el juez Sergio Vásquez de Oruro benefició a delincuentes prontuariados. «Hay otros casos vinculados a este tipo de atentados. Hay jueces y fiscales que se enriquecen a costa de la inseguridad de la ciudadanía. Pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto», demandó.
El consejero Rodolfo Mérida informó de que el caso del juez Leaños es el único que llegó a su despacho y que se pidió al fiscal ampliar la imputación para que de inmediato se lo suspenda. Este recurso fue presentado antes de la vigencia de la Ley 007, que facilita la suspensión con una simple imputación.
Procesos de disciplina
El consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, dijo que el 2010 hubo procesos disciplinarios contra jueces en diferentes distritos que concluyeron con la sanción máxima de un año de suspensión. No citó el número de sancionados.
Policía cree que asaltantes organizaron células
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) maneja la hipótesis de que células de la banda que atracó la Joyería Sánchez, en Cochabamba, actúan en las ciudades capitales y que pueden estar detrás de otros golpes en el eje central.
El director nacional de esa unidad, coronel Óscar Muñoz, señaló que el atraco al negocio en la capital valluna dio la pauta para establecer el modo de operar de la banda criminal que tiene al menos 50 miembros, entre peruanos y bolivianos.
«Ellos se organizan por células. Una puede estar operando en El Alto y en algún momento es aprehendida, pero hay otras que siguen delinquiendo en otras partes del país», señaló el jefe policial. Explicó que aún falta armar una especie de rompecabezas para determinar si los atracos registrados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron ejecutados por esta organización criminal.
Sobre Rafael Asunción P.P., peruano y cabecilla de la banda, que está detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, Muñoz señaló que si bien se le restringió sus derechos de locomoción, «los otros como el de comunicación siguen vigentes por lo que al recibir visitas obtiene información, la procesa y organiza».
