El problema más grande saltó a la vista el 20 de diciembre del 2010 cuando un grupo de personas se instaló cerca a Jupapina y armó carpas de nylon, dentro el Parque Nacional. Los comunarios plantaron pilotes blancos y levantaron un cerco que, incluso, tapó al letrero edil de Valle de las Flores.
Las construcciones avanzaron a ritmo veloz y el 5 de enero ya se podían observar muros de ladrillo. Aquella jornada, la Alcaldía paceña dejó una notificación a los asentados, que pertenecían al Sindicato Agrario de Mallasa.
Félix Gutiérrez Poma no quiere hablar de avasallamientos o de loteo. Él es representante del Sindicato Agrario de Mallasa y explica que su institución ha cedido espacio en 1956 y busca la restitución de sus suelos.
Este conflicto no es el único que arrastra el Gobierno Municipal de La Paz en la zona. La Alcaldía denuncia que además del Sindicato Agrario hay otras cinco personas que han loteado otros terrenos. Entre éstas se encuentra Hilarión Díaz y una mujer cuyas iniciales son G.V.
Al frente de la infraestructura edil se erigió la casa demolida y otra vez reconstruida de Hilarión Díaz. Él no sólo habría ocupado ese espacio y construido su casa, sino que, además, le ha dado uso al espacio donde se lee un letrero que dice: «Estacionamiento las 24 horas».
Él y su familia ya fueron desalojados en dos oportunidades. En octubre del año pasado la maquinaria de la Alcaldía derribó su casa por última vez.
La familia de Díaz se opuso, uno de sus hijos se lanzó delante de la pala del tractor para evitar que avance.
La Razón conversó con el comunario. Contó que el sitio era de su propiedad: «Es una herencia y lo tengo desde la Reforma Agraria, en el 53. Cada vez me hacen lío los de la Alcaldía, hasta han traumado a mi familia».
La asesora legal de la Subalcaldía de Mallasa, Cinthia Arismendi, comentó que sólo se busca hacer cumplir la ley. «Nosotros necesitamos construir allí otro estacionamiento».
A un par de cuadras de distancia hay otro loteamiento. La señora G.V. ocupó el espacio donde antes había una cancha de fulbito. Ahora, en la zona, sólo hay maquinaria pesada.
En un par de ocasiones hubo operativos de desalojo, pero hace más de un mes volvieron a aparecer los tractores. En el predio nadie contestó a la llamada de La Razón para conocer la versión de G.V.
En Mallasa hay otras tres personas que, según la comuna, se habrían apoderado de suelos ediles; pero no han construido edificaciones.
«Tenemos problemas con ellos porque se hacen pasar como dueños de los terrenos y buscan lucrar con estos terrenos que son de propiedad edil», explicó Arismendi.
El decreto supremo 04309
El artículo 1 del DS 4309 dice: «Declárase de necesidad y utilidad pública el establecimiento del Parque Nacional de Mallasa, que será proyectado e instalado, contemplando espacios verdes, campos de esparcimiento, paseos y construcciones deportivas al aire libre».
La norma también considera que «el Sindicato Agrario de Campesinos de la región de Mallasa, en un rango de ponderable comprensión, ha cedido extensiones de terreno para establecer un parque en esa zona».
Pretenden expulsar a los ocupantes en los próximos días
La Alcaldía de La Paz pretende desalojar a los comunarios que empezaron sus construcciones en las cercanías de la calle 0 de Jupapina, dentro del Parque Nacional Mallasa, en el sur de la sede de gobierno. Todavía no se tiene certeza de la fecha en que se haría el operativo, pero ya se iniciaron las gestiones para tal fin.
Por su parte, los comunarios asentados en el terreno no están dispuestos a irse del lugar. Según el dirigente Félix Gutiérrez Poma, hay 71 familias que están en la zona y reclaman el espacio que le pertenecía al Sindicato Agrario de Mallasa.
El antecedente legal de esta pugna data de la década del 53 cuando los pobladores dieron el terreno para que allí se construya un Parque Nacional. La norma luego fue avalada por los gobiernos de Hugo Banzer, en el año 1972, y Jorge Quiroga, tres décadas después.
«Estamos respetando las 180 hectáreas cedidas. Según el levantamiento técnico de la Alcaldía, comprende 213 hectáreas. Nosotros estamos respetando las 180 hectáreas y hay un terreno sobrante de 40 hectáreas», dice Gutiérrez.
El sitio fue declarado Área Protegida de Manejo Integrado Parque Nacional Mallasa y está registrado en Derechos Reales a nombre de la comuna.
