El Ministerio de Trabajo pidió formalmente ayer a la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz procesar, por la vía penal, a los dueños del edificio Málaga y la Sociedad Inmobiliaria y Constructora S.A. (Sicruz) por los delitos de homicidio culposo y falsedad material.
Además, dispuso el pago de 24 sueldos a los familiares de los obreros fallecidos y de indemnizaciones a los heridos, en apego a la Ley General del Trabajo. El viceministro de Trabajo, Félix Rojas, informó ayer que, en la investigación, esta cartera de Estado se constituirá en parte coadyuvante del proceso penal que llevará adelante la Fiscalía.
Además de esta investigación, la Defensoría del Pueblo confirmó la apertura de otra pesquisa para establecer responsabilidades por el derrumbe del edificio Málaga, en el corazón de Santa Cruz, que se cobró la vida de 15 personas.
Según el viceministro Rojas, el cargo de homicidio culposo contra ejecutivos de Sicruz y la familia Callaú, propietaria del multifamiliar siniestrado, se asienta en el hecho de que, pese a conocer que la obra estaba por venirse abajo, se hizo trabajar a un grupo de obreros en labores de apuntalamiento, quienes terminaron aplastados bajo toneladas de escombros.
«Nosotros consideramos que acá ha habido uso y abuso de nuestros hermanos. Los llevaron a la boca del lobo sabiendo que este edificio se iba a derrumbar, por eso en las planillas de sueldos y salarios no figuran una gran parte de los que fueron víctimas de este derrumbe», dijo Rojas, y añadió que sólo cuatro de las víctimas tenían seguro social a corto plazo.
El cargo por falsedad material es «por no haber declarado lo que es esa empresa», añadió en referencia al hecho de que Sicruz se registró en la Dirección Departamental del Trabajo de Santa Cruz como una empresa inmobiliaria y no del campo de la construcción.»Los dueños de la empresa y obra tienen que correr con las responsabilidades de orden penal», recalcó la autoridad.
Un allegado a Paulina Callaú, Ismael Serrate, reveló que ella, además de ser la propietaria del edificio, es dueña del 49% del paquete accionario de Sicruz, junto con su hermano. A su vez, la Defensoría del Pueblo confirmó ayer el inicio de una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades.
«No podemos seguir tolerando tanta improvisación, creemos que esto ha llegado a un nivel… El dolor humano frente a esta tragedia debe servir para remontar esta situación», dijo Rolando Villena, defensor del Pueblo. «Tenemos una cantidad enorme de personas que tienen responsabilidad, pero que no las están asumiendo», añadió en referencia a las constructoras. En Santa Cruz, la representación regional del Defensor del Pueblo pidió a la Alcaldía la demolición de las edificaciones que presenten fallas, luego de que se realicen auditorías técnicas.
3 colegios cierran puertas
En tres establecimientos educativos ubicados cerca de las ruinas del Málaga no se iniciarán labores escolares con carácter preventivo mientras dure la movilización de maquinaria pesada. La oficial mayor de Desarrollo Humano del municipio de la capital cruceña, Ana María Encinas, informó ayer que «por recomendación de las autoridades de salud e instancias pertinentes queda suspendido el inicio de clases en los colegios aledaños a la zona».
10 casas para afectados
El Gobierno financiará la construcción de 10 viviendas para igual número de afectados por el colapso del edificio Málaga. Las casas se edificarán en terrenos facilitados por una persona de la cual se guarda en reserva su nombre.
La información la facilitó Roberto Fernández, quien trabaja en este tema por encargo del presidente Morales. «Hemos realizado un diagnóstico en el que se ha detectado que hay 21 familias pobres afectadas por la tragedia. Este informe lo presentaremos este martes al Presidente», informó el que también fuera ex candidato a alcalde por el oficialista MAS.
El Gobierno ya efectivizó la compra de dos viviendas, porque «el Mandatario, en la visita que realizó el viernes, ordenó priorizar dos casos: el de una madre que está embarazada y el de otra madre que tiene dos hijos que murieron en el edificio», recordó.
Se trata de la viuda de Bruno Pérez Meleán y la madre de Johnny Calisaya Cairo y de Luis Egüez Cairo. Se ultiman los detalles para que en el transcurso de los próximos días puedan tomar posesión de sus respectivas viviendas.
El lunes 24 colapsó el edificio Málaga y sepultó bajo sus escombros a 15 personas. Los cuerpos de 12 personas fueron rescatados y aún se buscan los de otras tres personas. La intención del Gobierno es velar por que las víctimas tengan efectivamente la asistencia necesaria en estos momentos delicados y complejos, insistió el ex candidato a alcalde, Fernández.
Familiares de víctimas aguardan llamado fiscal
Familiares de los obreros que perecieron en el desmoronamiento del edificio Málaga dijeron ayer que aún no fueron contactados por la Fiscalía del Distrito, que debe iniciar las investigaciones.
«Deben responder por nuestros familiares. A mi sobrino lo llevaron desde la obra del zoológico al edificio Málaga, donde perdió la vida; alguien debe responder por eso. Nosotros como familia presentaremos la denuncia, pero esperamos que la Fiscalía se pronuncie», dijo molesto ayer Isidro Flores, tío del albañil Rubén Ursagasti, cuyo cuerpo seguía desaparecido hasta la mañana de ayer.
Rubén, un muchacho de 21 años, trabajaba en otra construcción de la empresa Sicruz, y fue llamado para que apoye en el apuntalamiento de la obra que empezó a resquebrajarse el lunes 24 por la mañana. «Ahí murió junto a otros compañeros suyos que fueron traídos desde el zoológico», insistió.
La madre de Rubén, Avelina Flores, espera también que se haga justicia, según hizo conocer Isidro Flores. Javier Egüez, hermano mayor de Yhonny Calisaya Cairo y Luis Antonio Egüez, los dos hermanos que perdieron la vida en la obra, informó que tampoco fueron contactados por la Fiscalía para dar su versión sobre el derrumbe de la construcción.
«Nadie se acercó a nosotros», dijo José Egüez. La Razón visitó ayer las oficinas de la Fiscalía de Distrito, pero no logró el pronunciamiento de ninguna autoridad.
