La Paz – El costo de tratar una emergencia siempre es mucho mayor que prevenirlo, ya sea un deslizamiento, una inundación o una epidemia. Pero no se trata solamente de ahorrar recursos que podrían ir en fomento del desarrollo, sino sobre todo de preservar vidas humanas.
La partida presupuestaria de Gestión de Riesgos y Emergencias (cuyo principal objetivo es el de reducir la vulnerabilidad de las regiones ante amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología y los seres humanos) resulta un buen indicador para saber si los gobiernos municipales le están dando o no la debida importancia a este primordial elemento.
Según datos de la FAM (2007), de las ciudades capitales, La Paz fue la que mayor porcentaje de su presupuesto (9%) destinó a la prevención de riesgos y emergencias, le sigue Santa Cruz (8,3%) y bastante más lejos Cochabamba (1,7%). Al otro lado del espectro se encuentran Tarija y Oruro, que no presupuestaron ni un centavo para esta partida. En el resto de los municipios, los porcentajes tampoco no son muy alentadores. En promedio, los municipios con menos de 5.000 habitantes solamente destinaron el 1,2% de su presupuesto anual a la prevención de riesgos; mientras que los más poblados (más de 50.000 habitantes), 4,7%.
A la luz de estas cifras, no resultan sorprendentes la gran cantidad de emergencias que anualmente erosionan las arcas del Estado y enlutan a las familias bolivianas.
