El director general de Régimen Consular de la Cancillería, Alfonso Hinojosa, afirmó a este medio que la norma es elaborada en consulta con diferentes organizaciones de la sociedad civil, tanto en Bolivia como en el exterior, y aunque ya tiene nueve meses de discusión, un anteproyecto de ley se presentará a fines de mayo.
La Razón informó ayer sobre la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos bolivianos en el exterior, principalmente en Argentina y Brasil, y consultó a las autoridades sobre esta problemática. Hinojosa explicó las labores que cumple el Gobierno al respecto, entre ellas la elaboración de esta norma.
El consultor del proyecto, Leonardo de la Torre, señaló que la ley será «un código normativo para las movilidades humanas en Bolivia, por lo tanto incluye el tema de la extranjería».
Acotó que las nociones jurídicas en las que se está «balanceando» esta ley son el principio de seguridad del Estado en coordinación con los derechos humanos de la persona migrante.
«Tenemos por mandato que la normativa rescate al ser humano, a la persona migrante y por tanto la dimensión de los derechos de los migrantes y de su familia», acotó Alfonso Hinojosa.
El proyecto también establecerá entradas al país, puestos fronterizos, protección y cuidado de los mismos. Otro aspecto que estará incluido son los requisitos para la regularización migratoria en Bolivia. Además se plantearán mecanismos para ampliar la atención a «colectivos vulnerables que se encuentran en situación verdaderamente compleja».
«Hay una cantidad enorme de presos bolivianos en cárceles por delitos comunes, otros grupos específicos que tienen que ver con momentos trágicos del ciclo migratorio, como el fallecer en el exterior, la repatriación de restos mortales y otros elementos, al margen de cubrir a estos vulnerables, la ley está considerando la asesoría jurídica desde instancias consulares», detalló De la Torre.
El consultor explicó que la norma también buscará vincular a los colectivos bolivianos en el exterior, que hasta ahora «han estado generando su propia dinámica de espaldas al Estado, porque el Estado no tenía la capacidad de llegar a ellos».
La elaboración de la norma fue planteada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y es trabajada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno, Trabajo y Justicia, además de instituciones como el Defensor del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de Estadística y cerca de 30 instituciones como ONG y asociaciones que trabajan con la temática. También se piensa consultar, sobre el proyecto, a los bolivianos que viven en el exterior.
«Uno de los desafíos que tenemos para este año en la construcción de la ley es llegar a nuestros colectivos en el exterior, que estas instancias también participen y den su punto de vista de qué elementos deberían estar presentes en la ley migratoria, sobre todo en este componente del boliviano en el exterior», mencionó Hinojosa.
Constantemente, los bolivianos migrantes en el exterior denuncian una serie de vulneración a sus derechos, en muchos casos jóvenes y hasta menores de edad son llevados a trabajar de manera irregular a Argentina y Brasil. En Bolivia les hacen una serie de promesas que no se cumplen y en los países de destino tienen que trabajar más de 10 horas con salarios mínimos y sin ningún tipo de seguro social. El objetivo de la norma es también crear mecanismos que permitan ayudar a las personas vulnerables.
