El fiscal anticorrupción de Sucre, Enrique Montaño Llanos, solicitó al juez instructor de turno en lo penal de esa capital el secuestro del expediente 23074, a raíz de la denuncia de presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y manipulación informática, que fuera planteada por la empresa de juegos Corhat Bolivia, ante el Ministerio Público.
El requerimiento fiscal al juez de turno prevé que si existiera resistencia a la entrega de este expediente, se ordene el allanamiento de las oficinas del Tribunal Constitucional, medida inédita que se ejecuta, tras comprobarse que este tribunal manipuló su sistema informático y falló sobre un proceso en que no tenía competencia, en tiempo récord, a fin de beneficiar al Gobierno.
La comisión de admisión del tribunal, compuesta por los magistrados, Juan Lanchipa, Abigael Burgoa y Ernesto Félix Mur, no consideró más de 5.300 procesos pendientes, a fin de pronunciarse sobre el caso de las casas de juegos.
El magistrado Ernesto Félix Mur confirmó ante los medios de comunicación locales que la secretaria General del Tribunal, María Amparo Toro Nava, registró como Acción de Amparo Constitucional un recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad, presentado por la empresa Corhat Bolivia, en contra de Roberto Ugarte Quispaya, presidente Ejecutivo de Impuestos Nacionales y Marco Antonio Cárdenas, director Ejecutivo de Lotería Nacional.
