María Aguinda es la indígena que encabeza la demanda contra el gigante Chevron de EEUU y que convive con una de las pruebas que sirvieron para condenarlo en Ecuador: un estero con restos de un derrame de petróleo ocurrido hace 30 años en la Amazonia.
«La demanda está yendo por buen camino, pero tienen que pagar los animales perdidos y también por la contaminación del río y la selva», dijo a la AFP Aguinda, de 61 años, en su casa en Rumipamba, una alejada población de la provincia de Orellana, al noreste.
La mujer, de etnia Quichua y que no habla español, se refería al fallo emitido el 14 de febrero por la Corte de la provincia de Sucumbíos, que condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales atribuidos a la estadounidense Texaco.
Esta última operó entre 1964 y 1990 y fue comprada por Chevron el 2001. «Antes de morir primero tienen que pagarme por los daños y los animales muertos, y dejar arreglado el río, el agua y la tierra», expresa la indígena, usando sus manos menudas para señalar el lugar donde yacen restos de crudo.
«María Aguinda y otros» comienza la querella instaurada en 1993 por pobladores de Orellana y Sucumbíos contra Texaco, al que se atribuye el vertido de tóxicos y crudo durante sus operaciones dañando suelos, ríos y la salud de indígenas que incluso murieron enfermos con cáncer.
«Cuando Texaco vino nunca pensamos que iba a dejar un daño, era una novedad. Luego empezó a poner un pozo y a quemar las piscinas. Cambió la vida: la caza, la pesca y la comida se iban terminando», recuerda la mujer, según la traducción de su yerno Guillermo Grefa.
