Se trata de un fotomontaje en el mosaico de graduados. Según el relato de Laura Vilca, la tarde del lunes sus compañeros se reunieron para organizar los detalles del acto de graduación programado para el 26 de febrero.
Amalia no asistió a esa reunión, pero un compañero le telefoneó para comunicarle que habían decidido que todos debían presentarse con traje formal y que un grupo pagó Bs 50 a un estudio para que altere la fotografía.
En la foto original, Amalia Laura viste una blusa con encaje y lleva una pollera; se la ve con trenzas. En las invitaciones aparece con toga, birrete y no se notan las trenzas. Lleva pantalón y zapatos de tacón.
Gabriela Paz, una de las egresadas de Derecho, declaró al diario Opinión que «no hubo fotomontaje y que Amalia se presentó a la toma de la foto sin pollera de manera voluntaria».
«Si ha existido un fotomontaje, como publican los medios de comunicación, es un hecho reprochable que he ordenado sea investigado», sostuvo a La Razón el rector de la UMSS, Juan Ríos. La autoridad académica añadió que en esa casa de estudios superiores se respeta la identidad de la población indígena, campesina y mestiza.
Aclaró que la UMSS, como institución académica, no organiza actos de graduación ni de egresados ni cuando los estudiantes terminan la carrera con la defensa de tesis o exámenes de grado.
En esta misma línea, la decana de la Facultad de Derecho, Irma Ivanovick, negó que hubiera avalado la alteración de la foto, como señala la denuncia publicada en medios de la capital del valle. «Yo no tenía conocimiento de la organización de ese acto, porque los docentes y directivos no participamos en la organización de estos eventos», dijo ayer a La Razón. En todo caso, señaló que hasta que este hecho no se aclare se han suspendido todos los actos programados.
En tanto, Amalia Laura, en declaraciones a los medios, contó que en los cuatro años de estudios en la Facultad de Derecho tuvo que tolerar actos de discriminación por su condición de mujer de pollera. No obstante, dijo que esta vez tomó valor e hizo público el tema porque «quiero que se respeten mis derechos».
Por su parte el defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo haber instruido a su representante en Cochabamba, Edwin Claros, investigar el caso para identificar a los responsables y calificó el hecho como «un acto que atenta a la dignidad de las personas».
El Gobierno y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también pidieron investigar y sancionar a los responsables por presunto delito de discriminación.
