El Comité «lamenta los discursos de odio racial y los actos de carácter discriminatorio (…) así como la propagación de organizaciones y medios de comunicación y periodistas que difunden estereotipos racistas y expresiones de odio contra personas de pueblos y naciones indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos», se lee.
«Miembros de dichas comunidades siguen siendo objeto de discriminación y están subrepresentados en todos los órganos de poder público y de toma de decisión» y sufren «la violación sistemática de los derechos humanos», indicó en referencia a Bolivia, cuyo presidente es indígena. Añade que «los conflictos y actos de violencia racial contra personas de origen indígena y campesino» se agravaron desde el 2006 y reclama la investigación de «los hechos, la identificación y juicio de los autores».
Compuesto por 18 expertos independientes, el Comité le pide a Bolivia que tome medidas «para garantizar la representación política» de los indígenas en el Estado, y velar «para la aceptación intercultural y la construcción de una sociedad incluyente y pluralista».
Por otra parte, al Comité le inquieta que a la obligatoriedad de consultar con los indígenas para que el Gobierno decida explotar recursos naturales en sus tierras le falte «regulación», «excepto en hidrocarburos». En consecuencia, exhorta al gobierno de Evo Morales «a desarrollar mecanismos prácticos para implementar el derecho a la consulta de modo que respete el consentimiento libre y fundamentado de los indígenas».
