Para España es un tema de soberanía, por lo que no está obligada a dar información
El Estado boliviano poco puede hacer por los bolivianos que están o fueron detenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pues, pese a los reclamos, España responde que son «soberanos», informa el director general de Régimen Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alfonso Hinojosa.
«Tenemos denuncias de esta situación… y las acciones que uno hace se topan con que estamos aplicando una normativa que rige en otros países y, por tanto, no hay mayor respuesta que ésa», explicó la autoridad.
El Estado boliviano no sabe exactamente cuántos bolivianos están o fueron detenidos en los CIE, porque —según Hinojosa— «ellos (España) no asumen que son detenciones», por lo que no dan ningún informe sobre el tema, como en el caso de personas que cometieron delitos penales, de quienes se comunica al país de origen sobre su detención.
«En este caso (migración irregular) no se admite que es un delito común, pero el tratamiento que les dan es de delito. No asumen que son cárceles sino centros de internamiento, pero en el fondo son cárceles; esto no lo aceptan las autoridades españolas», afirmó el Director Consular.
Hinojosa señaló que uno de los temas de mayor preocupación para el Estado boliviano es la separación familiar que se da a raíz de la Directiva de Retorno y los Centros de Internamiento de Extranjeros.
«Es decir, puede por esta normativa —y se dan casos— separar madres de sus hijos. Por ejemplo, un niño que haya nacido en España puede adquirir un carácter de regularidad, pero la madre que ingresó como turista y luego de los tres meses perdió la condición de regular porque en realidad fue a trabajar, esta normativa puede separarlos», acotó.
Deportación. Esa situación está acompañada de las constantes deportaciones que se dan y que muchas veces ni siquiera se denuncian «por la situación anímica psicológica por la cual ha pasado esta persona (deportada), entonces cuando llega acá lo que menos quiere es visibilizarse».
Para Hinojosa, la gente que es deportada pasa «por un trauma psicológico y lo que quiere es olvidar estos hechos». En muchos casos, las personas fueron deportadas pese a cumplir con todos los requisitos de ingreso a España y cuando el Gobierno hizo el reclamo «la respuesta es la misma —parece una respuesta hasta de formato—, que ellos son soberanos, tienen una normativa y lo que hacen es aplicar la normativa».
Pero la preocupación no sólo se centra en España, sino en toda Europa donde se aplican una serie de medidas contra los migrantes que no tienen papeles de residencia.
Por ejemplo —señaló Hinojosa—, «en Italia la normativa es más dura, no se permite el acceso a la salud a una persona que no tiene los papeles en regla, lo cual es una violación flagrante a los derechos humanos».
Francia y Holanda también estarían asumiendo acciones más «duras» contra los migrantes irregulares, dijo.
Las medidas que adoptan los países europeos emanan de la denominada Directiva de Retorno que se aprobó en Europa el 2008, política a la que se opusieron varios gobiernos, entre ellos el de Bolivia.
La directiva prevé la internación temporal de los migrantes irregulares a centros de retención donde pueden estar internados un máximo de seis meses, pero que se pueden ampliar a 12 más (18 meses en total) si el inmigrante o el país de origen no cooperan en la repatriación.
Directiva de Retorno de la UE
La Directiva de Retorno es una norma de la Unión Europea sobre inmigración irregular. La directiva fue presentada por la Comisión Europea el 2005 y aprobada por el Parlamento tres años más tarde. Las directivas de la Unión Europea consisten en una serie de normas que los Estados miembros deben incluir en sus legislaciones sobre los migrantes irregulares. Cada país define los tiempos de detención.
Un boliviano denuncia que fue golpeado por policías
Le rompieron la cabeza y lo detuvieron dos días sin brindarle atención
«Me han roto la cabeza, me han pisado la cara», afirma casi gritando Rodrigo (nombre ficticio), un boliviano que vive hace 10 años en Madrid y que pese a la golpiza que recibió de efectivos policiales no piensa retornar a Bolivia.
Cada que recuerda cómo lo golpearon, no puede evitar subir el tono de su voz como si quisiera que el mundo entero escuche su denuncia que ya fue presentada ante un juez, pero que hasta ahora no avanza, según expresa.
«Yo fui a recoger a mi familia de un preste en honor a Santa Cecilia donde nos reunimos muchos bolivianos, tocó la banda, vinieron tres morenadas, yo llegué al final. Sólo me dio tiempo para saludar a los amigos e irme, pero cuando salía del local no encontraba la llave del auto y mi esposa me dijo que estaba amarrada a su pollera. Quería sacar, pero no se podía, de repente llegaron los policías y me acusaron de golpear a mi mujer», recuerda Roberto.
Las explicaciones de su esposa, madre, padre y sus otros familiares no sirvieron de nada, los efectivos continuaron golpeándolo sin piedad, así como a todo aquel que intentó defenderlo.
«Más de 20 policías golpearon a seis personas, me rompieron la cabeza, me pegaron como si fuera un animal, luego nos metieron como a trapo a un carro de la Policía y en vez de llevarme a la Comisaría, me llevaron a un descampado (campo vacío), ahí me golpearon y el brazo casi me rompieron», cuenta.
Según Rodrigo, los policías no permitieron que ni siquiera su familia le deje ropa, tuvo que pasar dos días encerrado en una celda con la bata que le dieron en el hospital porque su camisa y pantalón estaban llenos de sangre.
«No nos dieron ni comida ni nada, si reclamábamos nos gritaban, sólo nos dieron un zumo que estaba caducado (vencido)», recuerda y añade que las palabras de algunos efectivos aún están grabadas en su mente. «Migrantes de m… por qué no se van a su país, a qué vienen aquí».
El hecho ocurrió en noviembre del 2010. Rodrigo vive hace 10 años en Madrid y ya tiene su permiso de residencia.
