La Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR) del Gobierno Municipal de La Paz determinó que 96 casas en esta zona corren riesgo de colapso, debido a daño en su estructura debido al deslizamiento de tierra. Su director, Vladimir Toro, sugirió que por prevención se debe derruir de manera controlada estos inmuebles previo consentimiento de los dueños.
Sin embargo, el dirigente vecinal de Pampahasi Bajo Central, Ángel Illanes, informó que más de 120 familias, entre propietarios e inquilinos, de 60 predios de las calles 7 a la 11, no permitirán que sus casas sean destruidas si antes no se les entrega una compensación económica.
«El miércoles vamos a tener nuestra última asamblea para determinar medidas de presión que las familias involucradas tomaremos para que la Alcaldía nos escuche. Pero no vamos a permitir que se haga derrumbes controlados si no nos dan un resarcimiento económico directo. No queremos convenios», indicó Illanes.
El director de Coordinación Territorial, Fabián Siñani, dijo no conocer esta decisión. «Aún no me contacto con los dirigentes, pero ese derrumbe controlado de las casas se debe realizar para prevenir la seguridad de los habitantes del lugar y evitar el avance de las grietas».
Siñani aseguró que para llevar a cabo este trabajo de prevención se debe consensuar con los propietarios de cada vivienda, para que se haga la demolición controlada. Este grupo de familias exige el mismo tratamiento que la Alcaldía concedió a los dueños de casas de cuatro zonas en riesgo: Cervecería, Metropolitana, Suipacha y Pampahasi Bajo Central.
«La demolición de los predios sólo se realizará después de que los propietarios ordenen y acepten la misma, para que técnicos de la DEGIR y del Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) la supervisen y efectúen», agregó.
Pero, pese a esta posición del Gobierno Municipal y al compromiso del Gobierno Nacional de dotarles otro techo, sin costo para los propietarios, Illanes anticipó que asumirán medidas de presión.
«No permitiremos que toquen ni un clavo de las casas hasta que nos paguen el valor por ellas y del terreno, que más o menos debe oscilar entre Bs 30 mil y Bs 60 mil, pero esos montos serán determinados de manera oficial en nuestra asamblea del miércoles», argumentó.
«Se debe entender que todos los damnificados ingresarán al Plan de Viviendas del Gobierno Nacional, los que perdieron sus casas total o parcialmente, los inquilinos, los anticresistas e incluso las personas que tienen sus viviendas en las 14 zonas de la franja de seguridad que aún no se cayeron o sufrieron agrietamientos», recordó Siñani.
Los propietarios de Cervecería condicionan la evacuación de sus viviendas a que simultáneamente el gobierno edil les entregue la compensación monetaria. «Hemos propuesto convenios para que salgan de sus hogares, pero ellos exigen la indemnización y el municipio no se las entregará», añadió.
Aún no hay trato en Cervecería
La Alcaldía presentó un convenio a las 24 familias de Cervecería que se rehusan salir de sus casas. El director de Coordinación Territorial, Fabián Siñani, indicó que la negociación quedó en fojas cero porque los afectados insisten en recibir primero las indemnizaciones antes de evacuar sus inmuebles.
Refugiados en calles presionan
El dirigente vecinal de Pampahasi Bajo, Ángel Illanes, informó que en la asamblea del miércoles también se determinarán medidas para que la Alcaldía autorice la conexión de alcantarillado para baños y energía eléctrica en el albergue ubicado en las calles 3 y 4 de Pampahasi Bajo.
