Los más de 170 bolivianos que trabajaban en condición de servidumbre y explotación en la quinta el Frutihortícola SA, a 20 kilómetros de Mar del Plata, en Argentina, prestaron ayer sus declaraciones a la Fiscalía de ese país y fueron albergados en oficinas del Ministerio de Justicia.
El informe corresponde a Gustavo Vera, representante de la Fundación La Alameda, que denunció la situación de los trabajadores.
En comunicación telefónica con La Razón Digital, Vera dijo que se halló a grupos familiares, «incluidos los chicos, en condiciones bastante miserables, sin ropa de trabajo adecuada, sin medidas de seguridad e inclusive con agrotóxicos al alcance de la mano como el bromuro de metilo». El pasado lunes, un operativo allanó la finca conocida como El Frutillar.
En el lugar trabajaban en condiciones de explotación migrantes bolivianos, entre ellos varios menores de edad. El cónsul general de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, aseguró que se hizo «de inmediato» un seguimiento del caso y que un abogado de la legación se trasladó a la zona. «Son aproximadamente 170 personas», indicó.
