La admisión de la Contraloría General del Estado (CGE) de que existe un documento de respaldo al decreto 0351, que señala que $us 4,5 millones de un crédito de $us 43 millones de la CAF permitirán concluir los puentes Trillizos, «es una prueba más de la absoluta inocencia de Juan del Granado», dijo su abogada.
«No sólo ministros, viceministros o técnicos conocían del crédito adicional, sino el Presidente del Estado Plurinacional», sostuvo Aida Camacho, abogada defensora del ex alcalde paceño, denunciado por la CGE al Ministerio Público para que sea procesado por la vía penal.
La Contraloría denunció al ex alcalde el año pasado por presunto daño económico causado al Estado por el encarecimiento de la megaobra, cuyo costo inicial de $us 14,3 millones, financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), se elevó a $us 18,8 millones.
Precisamente el decreto 0351 autoriza el desembolso del crédito adicional para la Administradora Boliviana de Carreteras y la Alcaldía de La Paz. Camacho indicó ayer que la defensa del ex alcalde aún no fue notificada con la presentación, el 31 de marzo, del informe solicitado por el fiscal Edward Mollinedo a la CGE.
«Esa documentación no ha sido puesta en nuestro conocimiento todavía. Hoy en la mañana se estaba levantando un inventario en oficinas de Mollinedo».
Sin embargo, ese documento, según indicó, no es la única prueba de la inocencia del ex alcalde, sino 45 documentos remitidos al fiscal el 15 de marzo que dan cuenta del procedimiento previo que permitió la aprobación del crédito adicional de la CAF y que estuvo a cargo o fue de conocimiento de autoridades y técnicos de al menos tres ministerios.
