La advertencia fue lanzada por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien además expresó que los fiscales de Potosí, que están investigando el caso, tienen el total apoyo de su autoridad para continuar con su labor, además, de garantizar su seguridad física.
«Las posiciones que tenga una comunidad o grupos de personas automáticamente están yendo en contra de la Constitución Política del Estado y en contra de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de tal manera que estas personas peligrosamente están acercando su conducta a la comisión de delitos, por ejemplo, podemos hablar de estorbar el ejercicio de funciones de un funcionario público, como es el fiscal», explicó.
Agregó que de existir este entorpecimiento de parte de alguna comunidad, el Ministerio Público recurrirá a la acción penal correspondiente. Uribe también afirmó a La Razón que «nadie puede hacer cesar ni suspender el ejercicio de una acción penal pública, ninguna autoridad pública y peor aún un grupo de ciudadanos».
El miércoles, cinco ayllus del norte de Potosí amenazaron con destruir Uncía, si identifican operativos policiales para detener a más personas en el caso del linchamiento de los cuatro policías, quienes fueron retenidos, torturados y linchados el 22 de mayo del año pasado en la región.
