Las denuncias contra Cocarico datan de marzo del 2010, pero salieron a la luz pública en noviembre de ese año, cuando la ex sumariante Roxana Paz, quien investigaba las anomalías, fue destituida del cargo. Según ella, para encubrir las irregularidades supuestamente cometidas por Cocarico.
El actual sumariante, Wilmer Centellas, aseguró que el proceso no se detuvo con la salida de Paz, de modo que prometió que en dos semanas hará conocer los resultados.
Paz aseguró a La Razón que la gestión de Cocarico erogó más de 600 mil bolivianos para tres obras que presentan irregularidades.
La primera es el asfaltado de la calle Omasuyos, en la zona Tahuantinsuyo. La obra no se ejecutó, pese a que se adelantó el dinero a la empresa Tecuaya.
La segunda, la construcción del centro cultural artesanal en la zona 3 de Mayo, adjudicada a la empresa Rojas Mendizábal Patricia Luz. La obra tampoco existe.
Y la tercera es la ampliación de la cancha de césped sintético, a cargo de la empresa Astroturfbol. Esta obra sí fue ejecutada, pero sin previa licitación. Luego, cuando se procedía a la convocatoria pública, el subalcalde presionó para que sea adjudicada a la compañía que ya había realizado la obra.
En los tres casos, Cocarico habría instruido adjudicar los trabajos de manera directa y habría pagado a las empresas por adelantado el monto total del trabajo.
A Cocarico también se lo acusa de haber ocasionado un accidente con una camioneta de uso oficial en estado de ebriedad y de intentar tapar el hecho.
El quinto cargo es una supuesta extorsión a una empresa. Reynaldo Guarachi, vecino del Distrito 5, mostró la carta que la empresa Jallasi envió a Cocarico.
Con ella, esta compañía se retiraba del proceso de licitación del enlosetado de la calle Inscanhuaya, porque se le habría pedido el ocho por ciento del presupuesto asignado al trabajo. El sexto cargo por el que debe responder Cocarico es maltrato y prepotencia, según queja de los vecinos y funcionarios.
Cuando este medio de comunicación lo buscó para obtener su versión de los hechos, la autoridad increpó al periodista. «¡Quién te está enviando, quién te está mandando para que preguntes sobre esto!», le dijo.
René Cocarico aseguró que este tipo de acciones sólo pretenden dañar su imagen y que se trata de un complot político porque él es hermano del gobernador César Cocarico.
Según su versión, las denuncias serían una represalia de vecinos que, a su vez, fueron denunciados por él por supuestas irregularidades. Argumentó que hasta ahora no se han presentado documentos con pruebas reales y suficientes.
Aseguró que el centro cultural existe, aunque este medio de comunicación no pudo encontrarlo y tampoco al supervisor de obras, Otelio Castro, quien el año pasado presentó un informe en ese sentido al ex oficial mayor de Obras y Medio Ambiente Gonzalo Flores.
Cocarico expresó que se ejecutó la primera fase del centro cultural y que la segunda está por ser licitada. Respecto a la cancha de césped, mencionó que ésta no se hizo en su gestión. Con relación a la calle Omasuyos, aseguró que está en ejecución. Sin embargo, según un informe del oficial de obras Otelio Castro la calle fue empedrada, pero no asfaltada.
Negó haber manejado ebrio, pero sí admitió que hubo un «pequeño accidente» en el que se encunetó la camioneta municipal.
El secretario General del municipio, Sergio Choque, sostuvo que el caso René Cocarico está prácticamente resuelto porque la mayoría de los vecinos apoyaría su continuidad como Subalcalde, pero no se refirió a las denuncias.
Ex sumariante denuncia complicidad
Según la ex sumariante de la Alcaldía alteña, Roxana Paz, autoridades ediles encubren los actos irregulares en los que incurriría el subalcalde del Distrito 5 de El Alto, René Cocarico,
Para sostener su versión, contó tres hechos que llamaron su atención. Primero, en noviembre del 2010, después de que denunció las supuestas anomalías de Cocarico, el Ejecutivo municipal le pidió su renuncia. Segundo, pese a que se le solicitó su dimisión, ella fue luego destituida sin previo aviso.
Tercero, por la forma en que fue echada, considera que se dejó sin efecto la investigación en contra de Cocarico. El 12 de noviembre, el alcalde Édgar Patana publicó la resolución de alejamiento. En el artículo primero señala: «Dejar sin efecto la designación de la sumariante del GAMEA». «Al hacer esto, dejaron sin efecto todo proceso que se estaba realizando».
«Escuché, cómo Cocarico amenazó y dijo: vamos a hacerlo caer al Alcalde. Eso es abuso de poder e influencia», consideró.
A Roxana Paz también le llama la atención que el Ministerio de Transparencia no haya investigado el caso, pese a que se le envió documentación con las pruebas de las irregularidades.
