El gobernador beniano Ernesto Suárez Sattori afrontará hoy dos audiencias judiciales: declarará como testigo en el proceso por el asesinato de su hermano, Ronny Suárez, y como acusado en el juicio que se le sigue por la supuesta adquisición irregular de equipos eléctricos para San Borja.
La información la dio a conocer ayer la senadora opositora Jeanine Áñez, en charla con radio Panamericana. En la segunda audiencia que se realizará por la tarde y que es de medidas cautelares, la autoridad departamental corre el riesgo de ser nuevamente arraigada y de tener que pagar una fianza para defenderse en libertad.
Por la mañana, Suárez testificará en el caso de la muerte de su hermano, quien en diciembre del año pasado fue abatido a tiros por un grupo de antisociales que supuestamente intentaron robarle. Dos son los acusados que admitieron el hecho: Luis Álvarez Céspedes y Alexander Zabala Ramallo, que están detenidos en la cárcel.
En la otra cita judicial, el Gobernador será cautelado en el proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en la adquisición de grupos electrógenos y motores de generación eléctrica para la localidad de San Borja. Al respecto, Áñez criticó el juicio en curso y alegó que la autoridad impulsó el alquiler de equipos para no dejar sin el servicio de electricidad a la población.
En agosto del año pasado, Suárez ya fue arraigado y debió pagar una fianza de 250.000 bolivianos en el proceso que le sigue la Fiscalía de Distrito por supuestamente haber malversado 3,5 millones de bolivianos del presupuesto de la ex prefectura que dirigía, para la realización del referéndum de aprobación del estatuto autonómico, el 1 de junio del 2008.
DENUNCIA. Asimismo, la parlamentaria por Convergencia Nacional, en consonancia con los alegatos de Suárez, denunció una persecución judicial y política en el departamento beniano, fomentada por el Gobierno para que el MAS tome la silla de la Gobernación beniana.
Afirmó que esto responde a una estrategia similar a la que llevó a cabo el masismo en Tarija, que logró sacar al gobernador opositor Mario Cossío, quien es acusado de desfalco al Estado en el caso Imbolsur, cuando fungía como prefecto. Hoy, Cossío está refugiado en Paraguay, tras alegar que sufre persecución política en Bolivia.
Además, Áñez dijo que otra estrategia del Ejecutivo para hacerse con la Gobernación es el llamado «videosoborno», en el que supuestamente se observa a asambleístas de Suárez que intentan sobornar a dos asambleístas del MAS para que no asistan a una sesión en la que se iba a tratar una ley que beneficie al Gobernador. El caso desencadenó detenciones.
La respuesta llegó de parte del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, quien negó cualquier injerencia gubernamental en las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Calificó las denuncias de Áñez como fuera de lugar y remarcó que no es ético que ella defienda un soborno flagrante para comprar conciencias.
Aplaudió la honestidad de los asambleístas departamentales oficialistas Inocencio Yubánure y Mary Luz Coímbra, y aclaró que el video es fruto de una indagación fiscal. «No hay que defender sobornos», manifestó el viceministro y luego enfatizó que el Gobierno observará el avance de los hechos.
