Representantes de los municipios cochabambinos de Capinota, Santiváñez y Sipe Sipe firmaron un convenio con la Corte Superior de Justicia de Cochabamba para ayudar en la aplicación y control de la justicia comunitaria y así defender los derechos de las mujeres e hijos maltratados por sus esposos y padres.
Los acuerdos establecen que los agresores sean sancionados con trabajos comunitarios. La pena también es para quienes incurran en otros delitos castigados con tres años de reclusión (la ley establece que quienes reciban esta sanción no son derivados al a penitenciaría), explicó el alcalde de Capinota, Sinforiano Paniagua.
Entre los trabajos comunitarios se encuentran el barrido de plazas y trabajos para abrir y mejorar caminos.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, explicó que el convenio donde se definen las sanciones morales públicas sólo procederá experimentalmente en esos municipios, y para la suspensión condicional de procesos y penas máximas de tres años, según ANF.
Agregó que los trabajos comunitarios sólo son para los condenados que además no tengan otros antecedentes judiciales.
Sostuvo que para una aplicación del acuerdo interinstitucional, las alcaldías harán llegar mensualmente los requerimientos de trabajos comunales, para que el juez establezca la sanción.
