«Estamos peor que antes. El Gobierno vetó la ley para los terrenos, la Alcaldía no nos dice nada y aún no tenemos casa. Parece que luego del megadeslizamiento, nos va peor porque ya nadie se acuerda de nosotros», dijo la dirigente de los propietarios damnificados de Huanu Huanuni, Sandra Villarroel.
El 28 de enero de 2010, un deslizamiento en Huanu Huanuni, en la zona Sur de La Paz, destruyó 72 viviendas. Los afectados, entonces, se dividieron en dos grupos, dueños de casa (40 familias) e inquilinos (70 familias).
A la fecha, 17 familias de propietarios todavía viven en casas prefabricadas en el campamento improvisado en la cancha de la zona afectada, mientras que en dos carpas conviven tres familias de inquilinos, que no pudieron conseguir otro lugar para vivir, y una dueña de casa.
El resto de los damnificados encontraron acomodo en las viviendas de sus familiares o tomaron cuartos en alquiler en las zonas aledañas.
«Nos hace frío toda la noche y ya nos han dicho los de la Alcaldía que tenemos que salir. Eso no nos parece justo», relató con dificultad Francisca Quispe, una anciana propietaria de un terreno que vive con su hija, su nieta (19) y su bisnieta (4 años) en una carpa.
A esta familia la mantiene la joven de 19 años que cada día sale muy temprano a trabajar. «Teníamos dos cuartos y vivíamos bien, teníamos la esperanza de contar con una casa, pero eso pareciera que está muy lejos», agrega otra damnificada que prefiere no dar su nombre.
Proceso. Tras el desastre, el presidente Evo Morales se comprometió a financiar la construcción de viviendas para los damnificados. En el caso de los propietarios, la Alcaldía debía ceder un terreno.
Tras cuatro meses de análisis, el gobierno edil eligió una cancha de la zona Peña Azul (Alto Irpavi). Sin embargo, los comunarios, arguyendo que era el único lugar de recreación con el que contaba la zona, rechazaron las contrucción de las viviendas.
Pese a ello, la Alcaldía presentó un proyecto de ley, cuyo objetivo es traspasar al Ministerio de Obras Públicas el predio de Peña Azul. La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero el Presidente no la promulgó.
«La norma no fue vetada, sólo está congelada y la Alcaldía está realizando los trámites correspondientes para concertar con los vecinos de Peña Azul y utilizar ese espacio. Aunque también hay opciones en otras zonas», dijo el alcalde Luis Revilla.
No obstante, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva explicó que la norma está vetada por el conflicto con comunarios de Peña Azul, pero además porque los terrenos deslizados se traspasan a tuición edil sin realizar una «expropiación» y compensación previa.
Desde este veto presidencial a la ley han pasado cuatro meses, y hasta ahora no se ha dado un paso hacia la solución, mientras los damnificados de Huanu Huanuni siguen sin un techo propio.
Evo pidió expropiar terrenos
Entre las observaciones que el presidente Evo Morales hizo a la Ley de Transferencia de Terrenos para los Damnificados de Huanu Huanuni, se encuentra el hecho de que los afectados no fueron expropiados. «Previo a declararse (el sitio siniestrado) área verde municipal, la Alcaldía debe emitir una ordenanza en la que se determinen los bienes a ser expropiados».
Indecisión perjudica a inquilinos
El grupo de propietarios afectados por el deslizamiento de Huanu Huanuni aún no tiene las casas comprometidas, y las 70 familias de inquilinos que también fueron damnificadas tropiezan con problemas para acceder al plan de vivienda ofrecido por el Gobierno Nacional.
«En el Viceministerio de Vivienda nos dijeron que teníamos que conseguirnos terrenos para que construyamos las casas. Nos movimos y concertamos con una inmobiliaria para que nos ayude y dimos unos 45 inquilinos a $us 500 por persona», explicó Vicente Villarroel, representante de este sector de afectados.
Aunque la solución parecía que llegaría de manera inmediata, los inquilinos se toparon con dos problemas. El primero es que «el Viceministerio de Vivienda nos cambió de plan y ahora no quiere terrenos individuales sino uno colectivo para construir módulos», cuenta Villarroel.
El segundo problema es con la inmobiliaria Invertierra, a la que le adelantaron casi $us 23.000 por unas 12 hectáreas de tierra en Kellumani, pues resulta que los comunarios de la zona reclamaron los predios como suyos y no permiten que la empresa tome posesión de ella.
«Ahora no sabemos qué va a pasar con nuestro dinero. Nos hemos prestado del banco para tener algo seguro, pero tampoco hay nada», declara Yolanda Coaquira, otra afectada.
La Razón intentó comunicarse con el viceministro de Vivienda, Bony Morales, pero hasta el cierre de esta página (15.00), la autoridad no halló espacio en su agenda para atender el requerimiento de este medio.
Vecinos se sienten olvidados y aislados
Arminda Huanca
Damnificada que vive hace un año en carpa
«Tenía mi casa propia con tres cuartitos, pero ahora vivo en este lugar que es incómodo. El frío nos afecta terriblemente en las noches, nos dijeron que nos fuéramos, pero ¿dónde?».
Claudina Achocana
Afectada que vive en una casa prefabricada
«Nos sentimos olvidadas. Ya nadie se ha movido para que nuestro trámite termine. El problema entre el MAS y el MSM nos trae problemas porque no se ponen de acuerdo».
Yolanda Coaquira
Inquilina damnificada que vive en una carpa
«No se puede soportar el frío en la carpa. Nos dijeron que consiguiéramos otro lugar, pero no hay dónde, es muy caro el alquiler. Ahora, todos están detrás de los otros damnificados».
