Es decir, los dueños cancelarán el nuevo monto impositivo solo de la última gestión y no desde la fecha del engaño. Pero sí deberán pagar multas por los años acumulados. Esta disposición figura en el proyecto de ordenanza que afina la Oficialía Mayor Administrativa Financiera (OMAF) de la Alcaldía.
El documento será puesto a consideración del Concejo Municipal, el próximo mes, luego de concluir con las valoraciones respecto a su posible efecto en la población.
La principal razón para haber diseñado esta norma, según el oficial Mayor Administrativo, Henry Alcón, es la necesidad de la Alcaldía de superar un déficit fiscal de cerca de 600 millones de bolivianos que arrastra como consecuencia de tener un Plan Operativo Anual (POA) inflado.
Con este plan se esperan subir las recaudaciones tributarias por bienes inmuebles, que actualmente están por el orden de los 62 millones de bolivianos, que es el monto que se recaudó la pasada gestión. Hasta el primer cuatrimestre del 2010, la comuna recaudó sólo 13,6 millones de bolivianos por este concepto, cuando programó más de 256 millones de bolivianos para esta gestión.
Otro plan que tiene el mismo objetivo de subir las recaudaciones y que se implementará desde el siguiente mes, es la descentralización del pago de tributos a las subalcaldías.
El proyecto consiste en la instalación de cajeros bancarios en las oficinas descentralizadas para facilitar que el vecino acuda a pagar sus impuestos, pues según Alcón, ahora «incluso tienen flojera» de ir a pagar hasta a las oficinas centralizadas, ubicadas en la Ceja.
Declaraciones. Las declaraciones juradas son formularios donde el propietario de un inmueble declara cuáles son las características de su vivienda, es decir si es simplemente lote, si tiene construcción de una, dos, tres o más plantas, si los materiales de la edificación son de ladrillo o de adobe, entre otras características.
Esta información le sirve a la Alcaldía para calcular la base impositiva, más elevada si se trata de un edificio de ladrillo y más barata si es un casa de una planta de adobe.
Alcón indicó que sucede que solo el 9,7 por ciento de las declaraciones juradas corresponde a la realidad: unas 25.000 viviendas de un universo de 257.734 inmuebles.
El resto de las moradas tiene declaraciones juradas erróneas, ya sea por voluntad del propietario que engañó al dar información acerca de su domicilio, o bien involuntaria pues el dueño construyó su casa después de haber realizado la declaración jurada, pero no actualizó la información.
El resultado es que sólo ese 9,7 por ciento de los dueños paga los impuestos con el monto correcto, el resto cumple con menos de lo que debiera.
La Alcaldía también tiene responsabilidad en esa falta de información, pues desde 2001 no realizó ninguna fiscalización, es decir no envió a sus funcionarios a verificar en las casas si la declaración jurada del dueño era correcta, según admitió el director de Recaudaciones, John Villalba.
Declaración voluntaria
Según el proyecto de ordenanza, una vez que se realice el perdonazo, en una fecha próxima a determinarse, los dueños de viviendas que no acudan a regularizar la información catastral de manera voluntaria serán sancionados con multas e intereses.
Las declaraciones juradas serán sometidas a fiscalización
El director de Recaudaciones del municipio de El Alto, John Villalba, anunció que para la segunda quincena de junio se prepara una fiscalización de declaraciones juradas de viviendas. La última se realizó el 2001.
«En las anteriores gestiones sólo se dedicaban a realizar el cobro de los impuestos, pero no se hacían los controles, por esa razón desde mediados de este mes iniciaremos los recorridos».
La autoridad dijo que por lo menos grupos de 30 personas, de diferentes unidades de esta dirección, se desplazarán a las diferentes zonas para corroborar la información entregada por el dueño.
El Director de Recaudaciones recordó que sólo cuentan con cuatro arquitectos con los que se pretendía hacer este trabajo, pero ante el crecimiento poblacional se ha distribuido y organizado de diferente manera el recorrido.
Villalba explicó que en el proceso de fiscalización se tomarán fotografías y se recorrerá manzano por manzano; si se hallan irregularidades, se notificará a los propietarios de los inmuebles para que efectúen la declaración jurada real y correcta ante esta dirección.
Posteriormente, si no hay respuesta, se procederá a ejecutar las sanciones previstas por ley, por tributar de manera incorrecta.
La Alcaldía sólo tiene información real del 9,7% de las viviendas.
Sólo una zona de alto valor
La jefa de la unidad de Catastro, Rocío Mollinedo, indicó que existe una sola zona de alto valor impositivo en El Alto.
Ésta es la Ceja y sus alrededores por su alto movimiento comercial y está clasificada como «zona de valor 1».
Las zonas de valor en esta urbe son ocho urbanas y una rural. Esta clasificación sirve para determinar el valor catastral de la vivienda y por lo tanto la base impositiva. A ésta se añaden las características de la vivienda, como el material de construcción.
«En ese sentido, la Ceja cuenta con todos los servicios, es céntrica, ni una de sus calles es de tierra y además los inmuebles son de uso comercial», explicó Mollinedo
El 2001 fue la última vez que se efectuó una valoración de las zonas de valor y a presión de las organizaciones sociales no se la actualizó.
Según el director de Ordenamiento Territorial y Catastro, Salim Yapur, es imperativo hacer un nuevo estudio para una reclasificación.
Imágenes aéreas en ciernes
El director de Ordenamiento Territorial y Catastro, Salim Yapur, anunció un proyecto para obtener imágenes aéreas de todas las viviendas de la ciudad.
Yapur detalló que aún no se tiene la empresa que realizará este trabajo, porque no se ha efectuado la licitación, ni se conocen la fecha ni precio del trabajo.
«Todo está en la etapa de presentación de documentos, es decir es un proceso administrativo que al concluir nos dará luz verde para ejecutarlo», indicó Yapur.
Sin embargo, aseguró que este trabajo se realizará entre junio y julio para evitar cruzarse con la época de chaqueo que se efectúa en agosto, pues el humo que desprende esa actividad dificulta la visibilidad.
Anunció que la información obtenida será útil para los propietarios de viviendas, por ejemplo para hipotecas, pero no la vinculó a temas impositivos. «Esto pasa por un proyecto de planificación de la ciudad a la que le hace falta mucha organización».
