Con el objetivo de denunciar la impunidad de los ataques sexuales a niñas, adolescentes y mujeres adultas, el pasado 23 de mayo se creó en La Paz el Tribunal Ético Nacional, que tiene el respaldo de la Defensoría del Pueblo y de la red de ONG, Coordinadora de la Mujer.
María Álvarez, responsable del Eje de Violencia de la Coordinadora, explicó que instituciones estatales, como las defensorías de la niñez y adolescencia, Policía, jueces, fiscales y otras, no actúan con la diligencia debida en la prevención, investigación, protección, sanción y reparación del daño a las víctimas.
«Éste es un espacio de denuncia en base a hechos contra la agresión sexual. Trabajaremos en ello», dijo. Álvarez dio a conocer seis hechos que siguen impunes, incluso desde el 2006 en cuatro departamentos del país. Uno es el caso de una niña de Tarija que a los ocho años fue raptada y violada por su cuñado. Ella tuvo dos hijos que le fueron arrebatados por el padre biológico.
El 2007, un chofer en Oruro violó a dos niñas, huyó y se desconoce su paradero. En Santa Cruz también fue abusada una menor, que ahora tiene más de 18 años. No hubo sanción.
