El representante de la embutidora Torinho, Roberto Sempértegui, protestó ayer por la burocracia de las autoridades nacionales y municipales que le impiden conseguir las autorizaciones necesarias para operar en la ciudad de El Alto.
La semana pasada, la Unidad de Higiene y la Intendencia clausuró su empresa por falta de licencia de funcionamiento, registro sanitario del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y según las autoridades decomisó 40 kilos de carne en mal estado.
El empresario aclaró que tramita, desde enero de este año, la dotación de la licencia de funcionamiento, pero que la Alcaldía no se la otorga porque le pide un registro en Fruteca (Federación Única de Trabajadores en Carne) entidad, asegura el empresario, a la que no pertenece porque es procesadora y no vendedora de carne.
Manifestó que también solicitó registro sanitario a Senasag desde octubre del 2009, pero que aún no sale la certificación porque allí cambiaron de personal y se habría extraviado su carpeta. Pero sí cuenta con registro sanitario del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de julio del 2010 con número de resolución: 1004080012.
Sempértegui aseguró que sólo le decomisaron 16 kilos de carne podrida, pero aclaró que ésta se encontraba fuera de la fábrica y estaba destinada a ser evacuada, y nunca a ser utilizada en los embutidos. La Alcaldía alteña permitió la reapertura de la fábrica después de cobrar una multa de 5.000 bolivianos.
