Un boliviano acusado por su hermana de explotar laboralmente a compatriotas en un taller textil de Buenos Aires continuará siendo investigado por la justicia, luego de que la Cámara Federal revocó el sobreseimiento en primera instancia, informa el portal Terra.
La causa se inició el 9 de octubre de 2007 por una denuncia de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, quien informó que Lourdes Marciana Hidalgo Luján había acusado que «su hermano Rigoberto Amador Hidalgo Luján poseía un taller textil en la calle Bermúdez 3121» de la Capital Federal.
La mujer denunció que en ese lugar trabajaban «ocho personas de origen boliviano» en deficitarias condiciones laborales, se informó judicialmente.
En primera instancia el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó el sobreseimiento de Hidalgo Luján pero el fiscal Carlos Stornelli apeló esa decisión por considerarla «prematura» y su posición fue avalada por los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah, en una resolución de cuatro carillas, a la que Télam tuvo acceso.
En un allanamiento realizado en el taller por personal de la Dirección Nacional de Migraciones y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se encontró trabajando en el lugar a una docena de ciudadanos bolivianos.
Rubén Catacora Barrios, Marcia Chamba, Silverio Chanza Torres, Wilson Uri Condori, Sergio Zapana Sánchez, Raúl Vargas Hidalgo, Richard Condori Quispe, José Casto Almonte Ralde, Luz Quispe Quispe, Lourdes Reina Mata Llanos, Lourdes Sillo y Kevin Maita Arand compartían «un patio sin techo; una cocina; un baño y dos habitaciones que contenían un total de 11 máquinas de costura».
Seis de los empleados del taller «dijeron que cumplían jornadas de 8.00 a 19.00 de lunes a viernes y los sábados hasta las 13:00; que les proporcionaban desayuno, almuerzo y merienda gratuitamente».
Agregaron que «cobraban un promedio de mil pesos por mes, que podían salir del lugar sin restricciones ya que ninguno de ellos vivía allí», motivo por el cual Canicoba Corral dictó el sobreseimiento.
Sin embargolos miembros de la cámara federal coincidieron con Stornelli en que la decisión del juez era «prematura», ya que no «se han practicado las medidas probatorias necesarias como para descartar definitivamente la hipótesis delictiva».
Los jueces también ordenaron que se pida a la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno porteño que explique por qué Hidalgo Luján no regularizó su situación, luego de que se le «labraron actas de infracción a las normativas de seguridad, higiene y por carecer de la documentación necesaria para acreditar el vínculo laboral en debida forma».
