La intervención estuvo a cargo de la ABT, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio Público, con el apoyo de al menos 110 efectivos del orden, entre militares y policías.
El director de la ABT, Cliver Rocha, informó ayer que el desalojo fue pacífico. «No hubo necesidad de utilizar la fuerza, los campesinos que se encontraban asentados de manera ilegal desde enero se retiraron de manera voluntaria ante la presencia de los militares».
El área fue declarada reserva mediante Decreto 22024 del 19 de septiembre de 1968. El titular de la ABT explicó que la mayoría de las personas asentadas en la reserva habita comunidades aledañas, donde un grupo numeroso (no precisó cúantos) se benefició del programa de dotación de tierras del Gobierno. «Afortunadamente no se trataba de organizaciones sociales que acostumbran a ingresar a las tierras de manera ilegal», agregó.
«Se determinó el límite de la reserva forestal colocando un mojón en los deslindes con las comunidades, siendo que los asentados argumentaron que no conocían desde dónde comenzaba la sabana de bosques», explicó. Rocha agregó que los representantes de las comunidades aledañas a la reserva firmaron un acuerdo de entendimiento con las instituciones del Estado para hacer respetar y precautelar las áreas verdes.
La Cámara Boliviana Forestal (CBF), denunció que las familias asentadas habían logrado desmontar alrededor de 150 hectáreas de bosques para desarrollar actividades agrícolas en esos terrenos. Rocha manifestó que en el lugar se observó chaqueos en pequeñas cantidades, «si bien no pudimos cuantificar la extensión afectada por el desmonte en la reserva, esa labor será efectuada en la segunda fase del trabajo».
Rocha descartó cualquier proceso legal contra los ocupantes, siendo que los mismos abandonaron de manera voluntaria las reservar, tras reconocer la ilegalidad.
