«En este caso serían fiscales, jueces y abogados profesionales que han participado. Tenemos la probabilidad de que son más de seis personas», indicó el fiscal de materia Humberto Quispe.
La jueza 2° de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto está con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores desde el jueves 7; es procesada a denuncia del Ministerio de Gobierno por la comisión de al menos tres delitos.
«Ellos participaron en la comisión de este tipo de delitos que son el prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes, ya que se trata de una organización criminal (organizada) para favorecer a delincuentes», añadió el fiscal Quispe. Quispe no proporcionó los nombres de los involucrados ni cuánto dinero recibieron por liberar a malhechores.
Prado fue aprehendida el pasado miércoles en El Alto por haber puesto en libertad a seis miembros de una banda internacional de atracadores, compuesta por 21 personas, entre bolivianos, colombianos y peruanos. Los seis delincuentes resistieron el arresto a tiros cuando eran perseguidos por la Policía, que logró capturarlos.
El director de la FELCC, coronel Jorge Toro, recordó que en octubre del 2010 los integrantes de la banda que liberó Prado asaltaron una librería en La Paz utilizando armas de fuego, con las que hirieron a tres personas; también atracaron la joyería Sánchez en Cochabamba.
Según Quispe, los profesionales se encargaban de «tomar contacto con estos delincuentes, presentar memoriales y solicitar la cesación de la detención». En entrevista con la red Uno, dijo que se investigará si hubo manipulación del sorteo, ya que extrañamente todos los casos con detenidos terminaban en el Juzgado 2° de Instrucción en lo Penal Cautelar.
El Ministerio de Gobierno anunció el inicio de una campaña para llevar ante la justicia a operadores comprometidos en la liberación ilegal de criminales prontuariados.
El representante del Ministerio Público también dijo que se indaga a una colaboradora de la jueza, Cinthia M., a la que se acusa de haber proporcionado direcciones falsas para que los delincuentes obtengan la libertad. La mujer ya fue citada para prestar su declaración informativa. «Ella era su secretaria, es ajena al Ministerio Público, no tiene ítem ante el órgano juridisccional», explicó el fiscal Quispe.
Investigación durará dos semanas
El fiscal de materia Humberto Quispe señaló que en las próximas dos semanas se tendrá más resultados de las investigaciones a los profesionales que trabajaban con Prado. La mayoría, presume Quispe, son de El Alto. «Luego se los imputará», señaló.
